Hacia el año 2000 la política del agua en nuestro país sufría un periodo de estancamiento. Su expresión por medio de los planes hidrológicos, en especial el Plan Hidrológico Nacional, no acababa de encontrar el necesario consenso entre los principales partidos políticos. El Plan Hidrológico Nacional de 1993 (Plan Borrell), cuyo contenido fundamental eran embalses y trasvases con destino al riego, fue rechazado por el Congreso de los Diputados. La legislatura 1996-2000, con un nuevo Gobierno, transcurrió con la redacción del Libro Blanco del Agua, que recogía en detalle los principales problemas del agua en nuestro país, pero no adelantaba nuevas ideas ni actuaciones. En el año 2000 se promulgó la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, cuyo contenido principal era la protección del recurso y su entorno ambiental, y que vendría a ser ─en definitiva─ la que marcase la nueva hoja de ruta. Entretanto, en espera de poner en marcha la nueva Directiva europea, se elaboró una ley en 2001 del Plan Hidrológico Nacional, con vistas primordialmente al Trasvase Ebro-Segura. Sin embargo, el nuevo Gobierno formado en 2004 modificó/anuló la ley anterior en 2005, poniendo fin (de facto) a la elaboración de un plan hidrológico nacional en nuestro país. Desde entonces, nuestros planes hidrológicos de cuenca se ajustan (más o menos) a la Directiva europea.
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