En la gestión del agua —y, de forma paradigmática, en el Trasvase Tajo-Segura (ATS)—, llevamos décadas asistiendo a la pretensión de que basta con enunciar necesidades o reivindicar derechos para que el agua se materialice. Como si la repetición sistemática de consignas, el control del discurso, la manipulación de la opinión pública o el retorcimiento de la legislación fueran suficientes para que llueva más y los embalses se llenen. Pero el agua no entiende de eslóganes. No responde a declaraciones de intenciones ni a apelaciones sentimentales. Se rige por leyes físicas y ecológicas irrefutables. Por balances hídricos. Por datos.
El ATS es una imponente infraestructura hídrica, capaz de transportar con notable eficiencia hidráulica y energética agua desde la cabecera de la cuenca del Tajo hasta la del Segura, atravesando las del Guadiana y del Júcar. Sin embargo, su funcionamiento real dista mucho de las optimistas perspectivas originales. Apenas se logra trasvasar una tercera parte de lo proyectado, con una tendencia marcadamente decreciente. Y esto se consigue forzando la gestión, sobreexplotando el recurso de manera sistemática, lo que genera severos e innecesarios impactos en la cuenca del Tajo, cuya prioridad, aunque insistentemente proclamada por ley, es inexistente en la práctica.
Ya desde su concepción en la Segunda República surgieron fundadas dudas sobre su viabilidad, principalmente por dos factores críticos: la disponibilidad real de agua en origen y la afección a Castilla. Estas dudas, al no poder resolverse favorablemente entonces, impidieron la aprobación del Plan General de Obras Hidráulicas que lo contemplaba. Décadas después, se construyó la infraestructura bajo la premisa de que aquellas incertidumbres habían sido despejadas. El tiempo ha demostrado que las dudas de hace 90 años estaban fundadas: el ATS se caracteriza hoy por la escasez estructural de agua y el persistente daño infligido a la cuenca del Tajo.
Un escenario que la planificación y gestión hídrica de las últimas décadas parecen rehuir, sumidas en un estado de ensoñación del que se niegan a despertar. Se impuso al Tajo una definición de “excedentes” en 1998 —ya de por sí deficiente e incompleta—, elaborada al margen de su propia planificación hidrológica. Simultáneamente, se implementaron unas Reglas de Explotación —innecesarias si la definición de excedentes hubiera sido rigurosa— diseñadas para forzar, de manera intencionada, la sobreexplotación de los embalses de Entrepeñas y Buendía. En 2013, se modificaron leyes clave para blindar esta dinámica: se impidió que el carácter excedentario de las aguas a trasvasar se determinase en el Plan del Tajo, se limitó el agua que el propio Tajo podía desembalsar para sus necesidades y se consolidó una gestión de Entrepeñas y Buendía contraria a los intereses legítimos de la cuenca cedente.
La falacia de las reglas de explotación actuales
Esta dinámica, lejos de corregirse, se ha intentado perpetuar. Las reglas de explotación del trasvase son un claro ejemplo de cómo la gestión se ha subordinado al deseo y no a la realidad hidrológica. La modificación realizada en 2021, lejos de resolver los problemas estructurales, ha perpetuado un modelo ineficaz. Y sorprendentemente, las nuevas propuestas del Ministerio persisten en esta misma línea fallida, como si repitiendo el mismo error esperaran resultados diferentes. Evidencian una preocupante desconexión con la realidad hidrológica o, peor aún, una sumisión a intereses cortoplacistas.
El argumento esgrimido para mantener los embalses de cabecera en niveles anormalmente bajos es, aparentemente, técnico: reducir la evaporación. La lógica es simple pero engañosa: a menor lámina de agua expuesta, menor pérdida por evaporación y, por tanto, mayor disponibilidad para trasvasar. Sin embargo, esta justificación oculta una realidad más compleja. Al mantener los embalses en mínimos, se está sacrificando precisamente su función primordial: la regulación plurianual. Los embalses fueron diseñados para almacenar agua en años húmedos que permitiera afrontar los inevitables ciclos de sequía, no para operar permanentemente en mínimos.
Esta política provoca trasvases irregulares e imprevisibles, con declaraciones de excepcionalidad hidrológica que no responden a fenómenos naturales, sino a una gestión deliberadamente miope. Mientras tanto, los municipios ribereños sufren las consecuencias socioeconómicas de unos embalses que, lejos de ser un activo territorial, se han convertido en cicatrices paisajísticas la mayor parte del tiempo.
La independencia de los problemas y la negación sistemática
Es necesario afrontar una verdad incómoda pero evidente: la disponibilidad de agua en la cabecera del Tajo es independiente de la importancia socioeconómica del regadío en el Sureste. Por muy relevante que sea este sector para la economía levantina —no discuto su valor—, esta relevancia no tiene la capacidad física de generar más precipitaciones en el Alto Tajo o de alterar los balances hídricos en Entrepeñas y Buendía.
El sector agrario dependiente del Trasvase está haciéndose un flaco favor a sí mismo al insistir en forzar un modelo de gestión que la realidad ha demostrado obsoleto. La escasez no es una situación sobrevenida, sino una tendencia que se viene manifestando desde hace décadas y que el cambio climático no hará sino agravar. En lugar de reconvertir su actividad para adaptarla a esta nueva realidad hidrológica, han dedicado ingentes recursos a batallar contra el Tajo por todos los medios disponibles: técnicos, políticos, institucionales, mediáticos y sociales. Una estrategia que, lejos de solucionar su problema, lo ha enquistado y ha retrasado la implementación de soluciones verdaderamente sostenibles.
Los caudales ecológicos: un beneficio, no una amenaza
La implementación de caudales ecológicos en el Tajo no puede ni debe interpretarse como un “hachazo” al Trasvase, como a menudo se argumenta desde la demagogia. Al contrario, debería entenderse como la corrección tardía de una injusticia histórica y una necesidad ambiental imperiosa. Desde que en 2010 deberían haberse implantado unos caudales ecológicos robustos, conforme a la Directiva Marco del Agua y a la propia lógica ecológica, se ha estado sobretrasvasando a expensas de la salud del río Tajo. Lo que ahora se exige no es más que el cumplimiento de la legalidad y el reconocimiento de que un río necesita agua para vivir. Lejos de ver la implementación de caudales ecológicos como una agresión, deberían entenderla como una regularización necesaria de una situación anómala que ha beneficiado al Trasvase durante más de una década a costa del deterioro del Tajo.
La verdadera solución: dejar de maltratar al río cedente
La solución al déficit hídrico estructural del Sureste español no pasa por seguir degradando el Tajo. La experiencia de las últimas décadas demuestra que este enfoque no solo no está funcionando, sino que está agravando el problema al retrasar la adopción de medidas verdaderamente adaptativas. La evidencia demuestra tozudamente que esa vía está agotada y solo conduce a la degradación ambiental y al conflicto territorial
Si los usuarios del Trasvase no están dispuestos a plantear adecuadamente su problema hídrico —reconociendo la nueva realidad climática y buscando fuentes alternativas sostenibles—, al menos deberían dejar de exigir que el Tajo continúe soportando un maltrato sistemático. La cuenca que sustenta una buena parte de la población española y atraviesa cinco Comunidades Autónomas no puede seguir siendo gestionada como un mero canal de suministro para el Levante, ignorando sus propias necesidades ecológicas y sociales.
Una exigencia de responsabilidad a la Administración
Es imperativo exigir a la Administración que actúe con responsabilidad y transparencia. Su obligación legal es velar por el interés general, lo que incluye proteger la integridad de la cuenca cedente tal como establece la legislación. La gestión debe basarse en la realidad hidrológica actual, no en escenarios idealizados o quimeras que ignoran las evidencias científicas sobre disponibilidad de recursos.
Ha llegado el momento de que las decisiones sobre el trasvase dejen de tomarse en función de cálculos electorales o de rentabilidad política inmediata. El problema del agua en España, y particularmente la gestión del Trasvase Tajo-Segura, requiere abordar el problema en toda su complejidad, con datos objetivos y sin subordinar la gestión técnica a intereses cortoplacistas.
En materia de agua, el autoengaño prolongado no trae más agua, sino más conflicto y mayor insostenibilidad. Por el bien del Tajo, del Segura y de todos los territorios y ciudadanos afectados, necesitamos una gestión que parta de aceptar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera.
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