La memoria, la ingeniería y los mitos nacionales en la política del agua
La vida se vive hacia adelante, pero solo se comprende hacia atrás. Esta máxima del filósofo danés Søren Kierkegaard resulta de una precisión insuperable cuando se aplica al análisis histórico de la política de infraestructuras y obras públicas de una nación1. Durante más de un siglo, la ingeniería civil española y la planificación hidráulica han operado bajo un paradigma que, si bien fue concebido como un salvavidas vital para la redención de un país asolado por la pobreza, se ha terminado cristalizando en un dogma inamovible. La aproximación intelectual a la gestión del agua en España requiere, hoy más que nunca, abandonar las trincheras de los “packs ideológicos” y las identidades políticas prefabricadas que constriñen el pensamiento crítico.
El análisis de la política hidráulica nacional no puede desvincularse de su propia intrahistoria, de sus colosales aciertos técnicos y de sus inevitables estancamientos. Como solía lamentar el historiador Ramón Carande al observar el devenir de España: “¡demasiados retrocesos!”. La disyuntiva actual, que debate si el agua debe seguir siendo el motor de un regadío expansivo e ilimitado o si, por el contrario, debe reorientarse para garantizar la soberanía energética, tecnológica e industrial del siglo XXI, constituye la piedra angular de este informe.
Para desenmarañar la complejidad de esta cuestión fundamental, resulta imperativo emprender un recorrido exhaustivo. Este trayecto analítico arranca en las proclamas regeneracionistas de finales del siglo XIX, atraviesa el ignorado “parteaguas” socioeconómico del franquismo tecnocrático de 1959, escudriña el fracaso anunciado de las políticas de trasvases “fontaneros” de finales del siglo XX, y culmina en la exigencia ineludible de adaptar los recursos hídricos a los mastodónticos desafíos que impone la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) y la reordenación geopolítica global. Es el momento de integrar el agua al servicio de una visión estratégica futura.
El dogma de la redención: Joaquín Costa y la religión del regadío
El empeño casi mesiánico en la construcción de grandes obras hidráulicas y la transformación sistemática de tierras de secano en regadío tuvo su razón de ser histórica a finales del siglo XIX. Fue el pensador y político Joaquín Costa quien sentó las bases intelectuales de la política hidráulica española, concibiéndola como el instrumento indispensable para la “redención del país”. Costa identificó la expansión de los riegos con el progreso civilizatorio, acuñando para la posteridad el célebre lema de “escuela y despensa”.
Esta visión redentora encontraba sus raíces históricas en el ideario liberal de mediados del siglo XIX, ejemplificado en figuras como Juan Álvarez Mendizábal, quien ya sostenía que España jamás alcanzaría la grandeza mientras sus ríos vertieran inútilmente sus caudales al mar. Lo que comenzó como una necesidad imperiosa para evitar las hambrunas periódicas, se metamorfoseó rápidamente en un “dogma” de Estado, una auténtica fe laica que fue abrazada con fervor acrítico por todos los regímenes políticos sucesivos.
El Plan Gasset de 1902 (“Plan de canales y pantanos alimentadores”), impulsado políticamente por Rafael Gasset y Chinchilla y magistralmente gestionado en lo técnico por el ingeniero de caminos José Nicoláu Sabater, inauguró una era de construcción febril. Este dogma fundacional del regadío masivo fue continuado y reverenciado por la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la larga dictadura franquista y, finalmente, la monarquía parlamentaria surgida de la Transición, extendiéndose su inercia hasta el mismo final del siglo XX.
Es de estricta justicia histórica subrayar el éxito apabullante de esta política durante su época de vigencia, muy especialmente en el periodo comprendido entre 1950 y 1990. España se transformó de un territorio caracterizado por la escasez endémica en una potencia mundial exportadora de productos agroalimentarios, donde el capítulo de “alimentación, bebidas y tabaco” llegó a representar un 18% del valor total de las exportaciones.
El esfuerzo constructivo dotó a la nación de un patrimonio infraestructural sin parangón. En la actualidad, el país cuenta con más de 1.300 grandes presas, albergando 360 embalses con una capacidad superior a los 5 hectómetros cúbicos (hm³), lo que arroja una capacidad total de almacenamiento nominal en torno a los 56.000 hm³. Si se contabiliza la totalidad del sistema de regulación superficial y subterráneo, la capacidad supera los 60.000 hm³, garantizando una disponibilidad anual de recursos superior a los 40.000 hm³1.
| Magnitudes Estructurales del Sistema Hídrico Español | Volumen Estimado (hm³) |
|---|---|
| Capacidad nominal de embalses principales (> 5 hm³) | ~ 56 000 |
| Capacidad total del sistema de regulación (estimada) | > 60 000 |
| Disponibilidad anual de recursos garantizados | > 40 000 |
| Demanda por uso consuntivo anual total | ~ 25 000 |
| Uso consuntivo destinado exclusivamente al regadío | ~ 20 000 |
| Uso consuntivo urbano e industrial (fuera de red) | ~ 5 000 |
A pesar de que estos embalses y los aprovechamientos hidroeléctricos de los saltos de agua fueron esenciales para el despegue económico de la posguerra, el modelo quedó conceptualmente osificado2. La asimetría actual en la asignación del recurso resulta demoledora: de los 25.000 hm³ de uso consuntivo anual, una aplastante mayoría de 20.000 hm³ sigue secuestrada por el riego agrícola2. El indudable éxito originario de Joaquín Costa se convirtió, con el paso de las décadas, en una pesada trampa conceptual que impidió a la burocracia estatal ver que España y el mundo estaban cambiando de base material.
El “parteaguas” ignorado de 1959 y la disolución del problema agrario
La devoción institucional por el regadío provocó una asombrosa ceguera planificadora que obvió el hito socioeconómico más trascendental de la España contemporánea: el Plan de Estabilización de 1959.
Para comprender la magnitud de esta ceguera, es preciso observar la demografía laboral. En 1950, la mitad de la mano de obra española (aproximadamente un 50%) continuaba trabajando en el campo, una proporción no mucho menor a la que existía en el año 1900. La economía española permanecía estancada en un modelo agrario de subsistencia. La pertinaz política de autarquía económica y de sustitución de importaciones, que se había prolongado durante dos interminables décadas tras el fin de la contienda civil, no hizo sino profundizar la condición de pobreza estructural y postergar el verdadero desarrollo de la nación.
El Plan de Estabilización de 1959 constituyó el verdadero “parteaguas” de la política económica nacional. Supuso el fin definitivo de la autarquía, la apertura a los mercados internacionales y, sobre todo, una apuesta de Estado inapelable por la industrialización. Este giro fue avalado y profundizado poco después por el trascendental informe del Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de 1962, titulado El desarrollo económico de España.
Resulta fascinante comprobar cómo dicho informe del Banco Mundial contradecía frontalmente el dogma imperante. Lejos de perpetuar la idea de los embalses como única vía de redención, el documento consideraba las obras de regadío simplemente como un “medio más alternativo” para incrementar el rendimiento agrícola. El informe instaba a centrar los esfuerzos del país en la industrialización y abordaba la mejora agraria mediante la reforma integral de las explotaciones, la concentración parcelaria, la conservación del suelo y la mecanización.
Fue gracias a este espectacular desarrollo industrial y urbano, y no a las utopías de reparto de tierras, como se resolvió por fin el enquistado problema de la Reforma Agraria, que había sido el gran protagonista social y uno de los principales desencadenantes de la Guerra Civil. La sociología del desarrollo operó con una contundencia imparable: la población abandonó masivamente la miseria del campo para nutrir los cinturones industriales y de servicios, provocando que en la actualidad la mano de obra agraria apenas represente un exiguo 3,8% de la población activa. El campo que quedó se mecanizó, capitalizado por los excedentes del desarrollo industrial y urbano.
A pesar de que el país mutó por completo, la superestructura burocrática del agua —fuertemente vinculada a intereses corporativos, empresas constructoras y lógicas clientelares territoriales— se negó a acusar recibo. Se continuó planificando para una España rural que se estaba vaciando a marchas forzadas.
El fracaso anunciado: la Ley de Aguas de 1985 y los trasvases “fontaneros”
La incapacidad para leer el cambio de paradigma socioeconómico condujo a un intento desesperado por recuperar y consagrar el “dogma” de los riegos en la modernidad democrática, cristalizando en la nueva Ley de Aguas de 1985. Esta norma, que introdujo la planificación hidrológica como herramienta vertebradora, fue utilizada paradójicamente para perpetuar una política del agua profundamente “desarrollista”.
El enfoque planificador de finales del siglo XX se basó en una visión estrictamente ingenieril de la naturaleza, concibiendo la hidrología nacional como un mero sistema de tuberías desconectadas. Se pretendió resolver los desequilibrios territoriales mediante más embalses y mediante los denominados trasvases “fontaneros” entre cuencas: intervenciones que buscaban mover agua de un punto “A” a un punto “B” ignorando por completo la complejidad ecológica, la ley de rendimientos decrecientes y la incipiente integración europea. Era la época en que planificadores y políticos actuaban con la fe del carbonero, emulando la planificación centralizada de corte soviético que ya había demostrado su ineficacia en occidente.
El fracaso de esta política estaba anunciado. Entre 1991 y 1993, la política del agua en España entró en una fase de estupor, estancamiento y confusión1. Mientras una inercia política empujaba hacia la inauguración de presas y el aumento subsidiado de la superficie regada (llegando a plantearse expansiones de hasta 600.000 hectáreas adicionales), emergían con fuerza nuevas consideraciones ineludibles sobre la calidad del recurso, la protección ambiental, la eficiencia económica y la gobernanza pública.
El intento de blindar este modelo culminó con el nonato Plan Hidrológico Nacional de 1993 (el conocido como Plan Borrell), un documento redactado al estilo clásico, obsesionado con las obras públicas y el riego, que terminó siendo sonoramente rechazado por el Congreso de los Diputados.
Cuando la Unión Europea promulgó la Directiva Marco del Agua (DMA) en el año 2000 —fijando la protección cualitativa y el buen estado ecológico de las masas de agua como imperativos legales absolutos—, la administración española reaccionó con incredulidad y resistencia. Los técnicos nacionales, amparándose en su vasta experiencia planificadora, intentaron boicotear los requisitos ambientales en Europa para proteger el uso productivo de “hasta la última gota”. La obligada transposición de la DMA al ordenamiento español dio como resultado un engendro burocrático, una suerte de “monstruo de Frankenstein” normativo que mezclaba las exigencias ecológicas comunitarias con el viejo catálogo de presas y trasvases soñados desde 1915, provocando décadas de retrasos, parálisis administrativa y amonestaciones de Bruselas.
Los nostálgicos y el arbitrismo moderno: la quimera de los 16 millones de hectáreas
A la luz de este accidentado recorrido histórico, resulta intelectualmente asombroso constatar la pervivencia de nostálgicos y grupos de “capturadores de rentas” que, en pleno siglo XXI y frente a la inapelable realidad del cambio climático, pretenden hacer valer los riegos de nuevo.
La máxima expresión de este pensamiento, que entronca directamente con el arbitrismo histórico español (la costumbre de proponer soluciones mágicas e irrealizables a problemas estructurales), es la desmesurada propuesta presentada a finales de 2021 por Jaime Lamo de Espinosa (marqués de Mirasol, catedrático y exministro de Agricultura) y Luis del Rivero (ingeniero de caminos y expresidente de Sacyr-Vallehermoso).
En una conferencia amparada por la ilustre Real Sociedad Matritense de Amigos del País y difundida en la revista Agronegocios bajo el elocuente título “Defendiendo los regadíos, el Trasvase y sus regantes”, ambos autores expusieron con total seriedad un plan a 25 años para regar la totalidad de la superficie cultivable de España: 16 millones de hectáreas. Las mentes más analíticas del sector no tardaron en calificar esta iniciativa como un desvarío técnico y económico.
El análisis pormenorizado de la propuesta Lamo-Del Rivero revela unas fallas tectónicas insalvables. Partiendo de los 3,8 millones de hectáreas actualmente en regadío, los promotores sostienen la necesidad de captar 50.000 hm³/año adicionales de los sistemas fluviales, articulando su visión en dos fases de proporciones faraónicas3:
Análisis de Viabilidad: plan de Expansión Agraria (Propuesta Lamo-Del Rivero)
| Variable Analizada | Datos del Proyecto Propuesto | Realidad Técnica e Hidrológica |
| Volumen de Captación Adicional | 50 000 hm³/año (26 000 hm³ en Fase 1) | Requiere triplicar la captación del agua fluyente actual del país. |
| Superficie Total de Regadío | 16 000 000 hectáreas | Supone ocupar el 100% de la superficie cultivable española. |
| Capacidad de Embalse Necesaria | No especificada por los autores. | Mínimo 150.000 hm³ totales, debido a la ley de rendimientos decrecientes (Mendiluce). Inviable orográficamente. |
| Fuentes Hídricas (Fase 1) | 2 000 hm³ (Desalación) + 6 000 hm³ (Nuevos Trasvases) | Coste energético inasumible; la directiva europea prohíbe el deterioro de cuencas cedentes. |
| Mecanismo de Financiación | Fondos Europeos para la reducción de CO₂. | Absurdo político. La UE penalizó el trasvase del Ebro; no financiará una disrupción del mercado agrario francés y europeo. |
Los promotores justifican que esta monumental expansión agraria resolvería el reto demográfico, absorbería dos tercios de la producción de CO₂ nacional y elevaría el PIB per cápita de España al nivel de Alemania.
Semejante ensoñación obvia realidades impepinables. Desde el punto de vista de la ingeniería pura, lograr una regulación adicional de 50.000 hm³/año exigiría multiplicar casi por tres la capacidad actual de los embalses (pasando de los 56.000 hm³ actuales a más de 150.000 hm³). La geografía peninsular carece de las cerradas geológicas, los valles y los regímenes pluviométricos para soportar tal infraestructura.
Además, el plan ignora las severas lecciones dejadas por infraestructuras previas. Del Rivero llega a esgrimir la historia del acueducto Tajo-Segura como una “experiencia piloto” inmaculada, lamentando que sea “absurdamente cuestionada”. Los datos, sin embargo, exponen que en sus más de 40 años de existencia, este trasvase apenas ha logrado derivar el 30% del volumen originalmente soñado, sumiendo a las poblaciones del Levante en una perpetua incertidumbre subsidiada3. Este modelo, lejos de ser exportable, ha cristalizado en la consolidación de oligarquías territoriales que capturan rentas públicas, ha causado estrés hídrico extremo en la cuenca del Tajo (afectando gravemente a ciudades como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina) y ha culminado en la tragedia ecológica sistémica del Mar Menor3. Como recordaba con pragmatismo el ilustre ingeniero y senador Manuel Díaz-Marta ante los fracasos endémicos de las transferencias hídricas: “siempre hay que ir dónde haya agua”, y no tratar de forzar a la naturaleza a costa del erario público.
En mesas de debate recientes, autodenominadas con el grandilocuente título de “Agua o hambre”, los mismos perfiles continúan insistiendo en que “llevamos 50 años haciendo lo mismo”, sin comprender que el error no radica en la falta de ahínco, sino en la obsolescencia de los objetivos6. Proponer que el regadío desmesurado es la única respuesta a la pobreza o al reto demográfico es un ejercicio de prestidigitación que da la espalda al siglo XXI.
El nuevo sentido de la política de aguas: soberanía urbana, industrial y digital
Frente a la ceguera de los nostálgicos, el análisis contemporáneo exige dotar de un nuevo y vigoroso sentido a la política de aguas. La era de concebir los ríos como meros canales de suministro para la agroexportación de bajo valor añadido ha concluido. El verdadero objetivo de Estado debe pivotar, sin fisuras, hacia la garantía absoluta e incondicional frente a la aceleración del cambio climático.
La nueva arquitectura hidrológica debe jerarquizar sus prioridades con implacable pragmatismo:
- Garantizar en una cifra próxima al 100% el abastecimiento urbano, industrial y turístico: El desarrollo sociológico e industrial de España se concentra en nodos urbanos y franjas costeras donde residen el grueso del PIB, la población y la industria de servicios.
- Regulación del sistema eléctrico nacional: En un escenario de transición energética dominado por fuentes renovables intermitentes (eólica y solar fotovoltaica), los embalses deben ser concebidos no como despensas agrícolas, sino como gigantescas baterías gravitacionales (sistemas de bombeo reversible) capaces de asegurar la estabilidad del suministro eléctrico.
- Suministros anticipados a la Nueva Economía: La digitalización exige asegurar los recursos hídricos para el tejido industrial avanzado, las plantas de semiconductores y, muy especialmente, la infraestructura subyacente de la Inteligencia Artificial (centros de datos).
- Integración de actividades de alto valor: Fomento del ocio, el turismo sostenible y la recuperación de entornos fluviales como activos sociales, muy alejados de su concepción decimonónica como canales extractivos.
La sed de los algoritmos: inteligencia Artificial y estrés hídrico
De entre todas las nuevas demandas, el vector que exige una mayor atención planificadora por su fulgurante expansión es la economía de los datos. La Inteligencia Artificial, lejos de ser una nube inmaterial de código, posee una dependencia física colosal encarnada en los data centers (centros de datos)7. El impacto hídrico de la IA es una realidad insoslayable que la vetusta planificación española apenas comienza a vislumbrar.
El consumo de agua de estas macro-infraestructuras tecnológicas se vertebra en dos frentes masivos:
- Consumo indirecto: derivado de la ingente demanda eléctrica de los servidores. La generación de esta electricidad, especialmente si proviene de centrales termoeléctricas o nucleares de base, requiere inmensas cantidades de agua para sus ciclos de refrigeración.
- Consumo directo (in situ): los miles de servidores que procesan la IA operan a temperaturas críticas. Para evitar el colapso del hardware (sobrecalentamiento), el calor debe ser disipado ininterrumpidamente. El estándar actual de la industria recae en la refrigeración evaporativa (torres de enfriamiento), un proceso que volatiliza literalmente millones de litros de agua8. Adicionalmente, los equipos requieren agua tratada de extrema pureza para evitar incrustaciones y proliferación biológica, generando vertidos térmicos y químicos que deben ser gestionados.
Las cifras son abrumadoras. Investigaciones especializadas han revelado que únicamente la fase de entrenamiento de modelos fundacionales como GPT-3 requirió el consumo directo de 700.000 litros de agua limpia8. En su operación comercial cotidiana, cada interacción conversacional prolongada con la IA puede acarrear el consumo de entre 0,1 y 0,5 litros de agua8. Proyectando esta demanda a escala global, estudios de la Universidad de California (UC Riverside) calculan que en el corto plazo, la IA podría consumir anualmente entre 312.000 y 764.000 millones de litros de agua a nivel mundial9. Reportes como el de CDP Global Water Report avisan de que la inacción frente a los riesgos hídricos de la industria tecnológica puede generar penalizaciones financieras catastróficas.
La paradoja geográfica agrava la situación. Históricamente, gigantes como Microsoft, Meta o Google han emplazado sus centros de datos en regiones áridas del oeste norteamericano o, recientemente, en la Península Ibérica, zonas intrínsecamente sometidas a estrés hídrico severo9. La competencia por el recurso es feroz: cada hectómetro cúbico destinado a la refrigeración de servidores compite con el abastecimiento urbano y con la obstinada demanda de los regantes tradicionales.
| Impacto Hídrico de la Inteligencia Artificial (Estimaciones) | Magnitud del Consumo |
| Entrenamiento de un modelo avanzado (ej. GPT-3) | ~ 700 000 litros de agua8 |
| Inferencia (Interacción estándar por usuario) | 0,1 a 0,5 litros indirectos por consulta8 |
| Proyección global anual del sector tecnológico (IA) | 312 000 – 764 000 millones de litros9 |
Sin embargo, la IA presenta una dualidad esperanzadora: si bien es una consumidora feroz, también constituye la herramienta más formidable jamás inventada para optimizar la gestión del agua. Instituciones como la Fundación Innovación Bankinter han destacado el papel crítico de la IA en la creación de redes de “agua inteligente” (Smart Water). Mediante sensórica avanzada y algoritmos predictivos, la IA es capaz de anticipar y localizar fugas urbanas (que en España representan pérdidas inaceptables de hasta un 30% en algunas redes), optimizar la eficiencia energética de las membranas de desalinización y monitorizar la calidad de las aguas regeneradas en tiempo real8. El reto para la ingeniería civil radica en diseñar centros de datos de nueva generación (implementando liquid cooling sin merma evaporativa) que operen en una simbiosis sostenible con su entorno, reubicando estratégicamente estas instalaciones donde la disponibilidad hídrica lo permita sin alterar el ecosistema.
Integración del agua en la planificación económica: el modelo asiático
Llegados a este cruce de caminos, resulta evidente que la gestión del agua no puede seguir siendo un feudo de ingenieros nostálgicos y corporaciones agrarias, desconectado de la gran política económica. En palabras de la economista Mariana Mazzucato, el país necesita un “Estado emprendedor” que asuma la dirección estratégica frente a los grandes retos contemporáneos, y no un ente que simplemente subsidie los caprichos de sectores anclados en el pasado.
Es en este ámbito de la alta planificación estratégica donde el análisis comparado invita a observar el “modelo chino”, no como una panacea extrapolable acríticamente, sino como una demostración pragmática de cómo alinear los recursos naturales e infraestructurales con el desarrollo económico de vanguardia.
China ha comprendido de forma unívoca que la infraestructura es la llave del dominio geopolítico global. A través de iniciativas colosales como la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative), el Estado chino financia e implanta redes energéticas, puertos e infraestructuras de datos masivas bajo una planificación férreamente centralizada. Este modelo subordina cualquier interés local y sectorial tradicional (incluyendo la pobreza de la agricultura de subsistencia) al objetivo supremo del salto tecnológico y el progreso industrial de la nación.
De la misma manera, la gestión de la Inteligencia Artificial en China refleja una integración estatal absoluta. A diferencia del enfoque occidental (fragmentado entre la regulación teórica de riesgos europea y el libre albedrío corporativo estadounidense), China utiliza a su Administración del Ciberespacio (CAC) para garantizar que infraestructuras algorítmicas monumentales —como el reciente modelo Kimi K3, dotado de 2,8 billones de parámetros— se desarrollen bajo una matriz de recursos y objetivos “seguros y controlables”, alineados estrictamente con el plan económico nacional. La CAC ejerce un poder sancionador draconiano sobre cualquier corporación tecnológica que desvíe recursos estratégicos o perturbe las prioridades del Estado.
El corolario para la política española es prístino. El agua debe ser emancipada de los planes hidrológicos concebidos como catálogos de regadío parroquial. Debe integrarse de manera transversal y subordinada al servicio de la planificación económica futura en los planes sectoriales de Estado: industria, transición energética y soberanía digital. La política hídrica tiene la obligación moral y económica de abandonar la complacencia ante la pobreza de la agricultura tradicional de bajo rendimiento, asumiendo sin complejos que la prioridad nacional innegociable es la adaptación al progreso tecnológico, la IA y la resistencia climática. Solo enterrando definitivamente el dogma secular de los riegos, y abrazando la implacable modernidad de una gestión centrada en el valor añadido, el conocimiento y el entorno urbano-industrial, la ingeniería civil española podrá afirmar, sin temor a equivocarse ante la historia, que ha construido por fin la infraestructura que demanda el futuro, sin más lamentables retrocesos.