Dejando aparte los balbuceos naturalistas ─más que científico-técnicos─ sobre las aguas del subsuelo de nuestro país, podemos comenzar nuestra pequeña historia con el Instituto Nacional de Colonización (INC). Fue creado el 18 de octubre de 1939, con el fin de llevar a cabo «la política agrícola del régimen», principalmente por medio de la puesta en riego y el aumento de la productividad agrícola. Al INC se le calificó como «un Estado dentro del Estado», pues sus realizaciones incluyeron la construcción de 300 poblaciones en las que se instalaron 55 000 familias, con un urbanismo notable en el que participaron 80 arquitectos. Además, el INC también se dedicó a la construcción de caminos, electrificación, iglesias y escuelas, enseñanzas agrícolas (Extensión Agraria), proporcionando créditos y aperos a los «colonos», etc.
En materia de aguas, las actuaciones combinadas de los ministerios de Obras Públicas y Agricultura fueron notables a través de los «planes coordinados» para la transformación de terrenos de secano en regadío, enfocados al aprovechamiento de aguas superficiales, que incluían la construcción de pantanos, canales y acequias, llevando el agua hasta las parcelas.
Sin embargo, las aguas subterráneas no podían escapar a las actuaciones del INC. Valga como ejemplo la zona regable de Llanos del Caudillo por medio de pozos, en mitad de la Llanura Manchega, así como las áreas alejadas de ríos y embalses en los que se recurría a construcción de captaciones subterráneas. Estas actividades se llevaban a cabo gracias a la maquinaria de parque del INC que contó con la dirección de Andrés Viudas y Aurelio Domínguez. El parque se hizo con maquinaria moderna de perforación gracias a los acuerdos de las bases militares con EEUU de 1953, en cuyos anejos de asistencia técnica y económica figuraban créditos para estos menesteres. En los tiempos del ministro de Agricultura Rafael Cavestany (1951-57) llegaron las primeras máquinas para perforar pozos profundos, con sus figuras de las «manos unidas», símbolo del acuerdo con EEUU.
Se trataba de maquinaria de percusión. Se perforaba con un diámetro suficiente para la instalación de turbinas sumergibles hasta pocos metros más abajo del nivel piezométrico; a partir de esta profundidad se reducía el diámetro de la perforación. Se construyeron innumerables pozos no solo para el riego, sino también para abastecimientos de poblaciones en las décadas de los años 50 y 60. Cuando llegó la sequía de los 80, tuvimos oportunidad de ver muchas de estas captaciones del antiguo INC (IRYDA desde 1971) en pueblos de las cuencas del Tajo y Guadiana, que se habían quedado insuficientes por descenso del nivel piezométrico. Adoptamos desde el Servicio Geológico de Obras Públicas una solución operativa en decenas de casos, perforando nuevos pozos próximos a los antiguos, de mayor profundidad y diámetro, con resultados satisfactorios en la práctica totalidad de los casos.
A partir de 1965 se producen hechos notables en el campo de la hidrogeología. Destaca por su espíritu científico moderno la labor llevada a cabo en Barcelona mediante la colaboración entre el Servicio Geológico de Obras Públicas (Ramón Llamas y José Antonio Fayas) y la Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental (Francesc Vilaró y Emilio Custodio), con amplios equipos de notables profesionales. Barcelona estuvo abastecida exclusivamente con aguas subterránea hasta finales de los años 50, suministrándose a partir de los pozos del acuífero del delta del Llobregat, construidos desde finales del siglo XIX por la sociedad belga que dio lugar a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB). Se trataba, por consiguiente, de un buen campo de experimentación. A la vez que hicieron captaciones para abastecimiento a numerosas poblaciones, elaboraron el primer estudio moderno sobre los recursos hídricos totales de Cataluña, antecedente del posterior Plan Hidrológico. También Llamas y Custodio crearon en 1965 el «Curso Internacional de Hidrología Subterránea», verdadero semillero de profesionales de hidrogeología hasta la actualidad.
Otra actuación destacada es la del Proyecto Guadalquivir, iniciado en 1965, a iniciativa del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno español. Correspondió la dirección por parte del IGME a Agustín Navarro, interviniendo por parte de la FAO el vietnamita Nguyen Quang Trac. Dentro de este proyecto destaca la intervención del IRYDA con la construcción de 460 sondeos al norte del espacio natural de Doñana, que proporcionaron en aforo un caudal de 23 m³/s, equivalentes a unos 725 hm³/año Se pretendía poner en regadío 25 000 hectáreas, pero, a partir de 1976, por las protestas de grupos conservacionistas y personalidades científicas, se tuvo que hacer una revisión de objetivos reduciendo las extracciones a unos 70 hm³/año. Sin embargo, el proyecto quedó detenido, siendo los particulares los que pusieron en explotación las aguas subterráneas años después, con o sin concesión administrativa, con los consiguientes problemas de afección al Parque Nacional, problema que permanece hasta nuestros días.
En 1968 es nombrado director del Servicio Geológico de Obras Públicas Manuel Gómez de Pablos, que en 1970 pasó a ser director general de Obras Hidráulicas (1970-1974). En EEUU se adquirieron unas sondas Failing de circulación directa, para la perforación de pozos profundos. Ramón Llamas pasa de Barcelona a Madrid para hacerse cargo de la hidrogeología de Servicio Geológico. Junto con Andrés Sauquillo ponen en marcha una serie de estudios y actuaciones en la cuenca del Júcar, La Mancha Occidental, cuencas del Tajo, Duero y Ebro, junto con estudios de recursos hidráulicos totales. Destacan las oficinas del Servicio Geológico en Barcelona (José Antonio Fayas), Málaga (Rafael Conejo), Baleares (Diego Pascual) y Canarias (José Sainz de Oiza) que, con el tiempo constituirían el núcleo de los servicios hidráulicos autonómicos en los archipiélagos. Es de reseñar los estudios y trabajos llevados a cabo en Palma de Mallorca constituyendo una comisión de los tres ministerios implicados en las aguas subterráneas para el abastecimiento de la ciudad y el riego del Llano de Palma. En las Islas Canarias se llevó a cabo el proyecto SPA-15, a iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno español a través del Centro de Estudios Hidrográficos y el Servicio Geológico de obras Públicas.
En los años 60 se produce un hecho singular en relación con nuestra historia. El IRYDA es consciente de la necesidad de una mayor actividad en la captación de aguas del subsuelo para sus transformaciones en regadío, contando con las orientaciones y el asesoramiento internacional de la FAO sobre la materia. Tiene un buen parque de maquinaria para perforar pozos, pero es consciente de que carece de conocimientos técnicos modernos sobre las técnicas hidrogeológicas, pues muchos de sus técnicos practican los «métodos» radiestésicos. Recurre a la dirección general de Obras Hidráulicas para establecer una colaboración «análoga» a la de los «planes coordinados» en materia de aguas superficiales. Pero se encuentra con la negativa de la mayor parte de la DGOH, pues muchos de sus ingenieros declaran «que no creen» en las aguas subterráneas. Otros, más conocedores del mundo internacional, intentan demostrar, no obstante, que no se deben explotar los acuíferos. pues «quitan aportaciones a los embalses, disminuyendo la regulación», sin caer en la cuenta que lo importante es satisfacer necesidades de la forma más operativa posible, a ser posible en la vertical de las parcelas, y no maximizar teóricamente la regulación de los embalses.
Ante esta negativa, el IRYDA se dirige al Instituto Geológico y Minero de España, con el que llega a un acuerdo en materia de aguas subterráneas. No obstante, el Servicio Geológico conserva el papel de «bombero de la DGOH» en materia de aguas subterráneas, para atender aquellos casos en los que no llegan las aguas superficiales, como son los casos de numerosísimos abastecimientos urbanos y riegos, así como asesorar a la DGOH en los casos relacionados con problemas de sobreexplotación, contaminación, afección a las aguas superficiales o a los humedales, etc.
Para el IGME fue notable el impulso de su director Juan Antonio Gómez Angulo (1968-1971), ingeniero de minas y diputado de la UCD por Almería. Consiguió elevar sustancialmente los presupuestos para aguas subterráneas, bajo la dirección de Juan Enrique Coma, y puso en marcha el Plan de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS), un estudio sistemático de la hidrogeología española, con mayor intensidad en la cuenca del Guadalquivir y en el sureste español (Albacete y Murcia).
En cuanto a la enseñanza de las materias relacionadas con el agua y el subsuelo, sobre 1965, además del Curso Internacional de Hidrología Subterránea de Barcelona, se ponen en marcha el Curso Internacional para Graduados Noel Llopis en la Facultad de ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, a iniciativa de la profesora Carmina Virgili, con la colaboración del Servicio Geológico de Obras Públicas (curso que finalizó en el año 2000), y el curso de Hidrogeología Aplicada por el IGME, entre las diversas labores llevadas a cabo por el profesor Fernández Rubio. También es reseñable la incorporación de los temas de las aguas subterráneas como asignaturas de varias carreras y en cursos de posgrado de hidrología general o medio ambiente (CEDEX, Escuela de Organización Industrial, etc.).
Finalizamos nuestra pequeña historia en vísperas de la «revolución» que introdujo en el panorama español del aprovechamiento de las aguas subterráneas la Ley de Aguas de 1985, que incorporó al dominio público hidráulico las aguas del subsuelo. Sin embargo, los organismos que estaban llamados a tener un papel relevante en este campo, las Confederaciones Hidrográficas, no fueron dotados de presupuestos, personal y medios para la nueva tarea, con lo cual las actuaciones de los diversos organismos continuaron descoordinadas en buena parte. Con anterioridad, las Confederaciones ignoraron en bastantes casos las aguas subterráneas y sus problemas o, incluso, manifestaron que dichos recursos «caían fuera de sus cometidos», ignorando la unidad del ciclo hidrológico.
Con la Ley de Aguas de 1985, que entró en vigor el 1 de enero de 1986, coincidiendo con la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, se puede decir que estaba próximo a finalizar una etapa «romántica» de las aguas subterráneas, caracterizada hasta esos años por las actuaciones para la resolución de problemas reales de abastecimiento por medio de los conocimientos científico-técnicos de forma operativa. La Ley de Aguas vino a cubrir las necesidades de ordenación de los aprovechamientos subterráneos, de la utilización conjunta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y de la protección medioambiental de los «espacios del agua». Lo que requería una sólida intervención en los aspectos normativos y burocráticos, intensificados desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea en el año 2000. En conclusión, las aguas subterráneas que comenzaron después de la guerra civil a constituir un recurso para la puesta en riego y el mayor rendimiento de la agricultura, apoyándose en el progreso de los conocimientos y medios técnicos sobre la materia, ha pasado por una etapa de «clímax» de aprovechamientos (entre 1970 y 2000), con grandes rendimientos económicos, pero generando una seria de «efectos colaterales» (sobreexplotación, contaminación, afección a humedales y ríos, etc.). Ahora se halla en una etapa de desorientación, encorsetada por la normativa y burocracia de la Directiva Marco del Agua europea. Quizá la salida del laberinto pueda hallarse fuera de su campo; nos referimos a las nuevas ideas orientadas hacia una producción agroalimentaria sana, de calidad y con sostenibilidad ambiental, con mejor uso de los recursos hídricos y con una nueva política agraria que incluya las reconversiones necesarias al modo de determinados sectores industriales obsoletos o no competitivos. Pero esto será «otra historia».