Hasta el siglo XX, la transformación en regadío se realizó principalmente por iniciativa privada, salvo por alguna Empresa Real. La búsqueda de rentabilidad era inmediata y no se planteaban grandes obras que requirieran grandes inversiones con amortizacio­nes diferidas en el tiempo.

En el siglo XIX se gesta un cambio de mentalidad. Al inicio del trienio liberal, en octubre de 1820, se presentó la Propuesta de Ley que hace S.M. a las Cortes sobre Caminos y Canales del Reino, en la que se indicaba: “El riego en grande es la mejora fundamental de nuestra agricultura, particularmente en las provincias meridionales: cualquiera que sepa la enorme diferencia del valor de las tierras de riego, comparadas con las de secano, y la de sus producciones, se convencerá de su importancia. Ni una sola gota de agua debía ir al Océano sin pagar el debido tributo a la tierra …” (Ortega Cantero, 1992).

Esta propuesta no prosperó, pero refleja un cambio de mentalidad, especialmente en los ámbitos liberales. Como ejemplo destacado, Álvarez Mendizabal (1790-1853) afirmaba que “España no será rica mientras sus ríos desemboquen en el mar”. Así, a lo largo del siglo XIX se aprobaron medidas para la transformación en regadío, pero por iniciativa privada, incluidas las Leyes de Aguas de 1866 y 1879.

Por otra parte, la crisis agraria de finales del siglo XIX ayudó a una evolución en el planteamiento. Surgen las propuestas de Joaquín Costa, enmarcadas en el regeneracionismo, con una apuesta por la política hidráulica para la transformación a gran escala de secanos en regadíos. Rafael Gasset, desde las páginas de El Imparcial, asume estas ideas y propugna una “política de realidades”, basada en la construcción de grades obras hidráulicas.

En esta línea, en 1899 se publica el Avance de un plan general de pantanos y canales de riego (Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1899), base del Plan general de canales de riego y pantanos ─conocido como Plan Gasset─, impulsado por Rafael Gasset como ministro de Agricultura, concluido en 1901 y aprobado el 25 de abril 1902 con José Canalejas de ministro (Gil Olcina, 2001).

Este plan de 1902, planteado desde el principio como un plan provisional, se centra prácticamente en exclusividad en el desarrollo de regadíos, dejando al margen los abastecimientos, que quedan a manos de las iniciativas de las administraciones locales[1]. Contemplaba 222 embalses, 110 canales (6120 km) y la trasformación de 1 136 000 ha de regadío. Consideraba necesaria la iniciativa del Estado tanto para la planificación como para la construcción de las obras hidráulicas, pero sin renunciar a la iniciativa privada. A pesar de ser provisional, estuvo en vigor casi 25 años, con retoques parciales (1909, 1916 y 1919). Su realización fue pequeña ─duramente criticado por ello en el Plan General de Obras Hidráulicas de 1933─, con actuaciones deslavazadas y poca dotación[2].

En 1926, por Real Decreto de 5 de marzo, se crean las Confederaciones Hidrográficas Sindicales. impulsadas por el ministro Rafael Benjumea ─Conde de Guadalhorce─. La primera, constituida en el mismo Decreto, fue la del Ebro, con Manuel Lorenzo Pardo como director. Con objetivos ambiciosos y gran poder[3], incluía además del regadío los usos hidroeléctricos. Con su creación se pretende dar sentido a las obras que se realizan y se trata de evitar conflictos entre iniciativa pública y privada. Al poco de su creación, especialmente la del Ebro, tenían serios problemas financieros, siendo reformadas sus funciones y limitada su independencia en la II República.

Bibliografía

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1899. Avance de un plan general de pantanos y canales de riego, Madrid: Imp. y Fundición tip. de los Hijos de J. A. García.
Disponible en: bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Avance%20de%20un%20plan%20general%20de%20pantanos%20y%20canales%20de%20riego%20%20%20/qls/bdh0000077957;jsessionid=62F1C342344D70630FE3B90270D0D715

Gil Olcina, A., 2001. Del Plan General de 1902 a la planificación hidrológica. Investigaciones geográficas, Issue 25, pp. 5-31.

Ortega Cantero, N., 1992. El Plan Nacional de Obras Hidráulicas. En: A. Gil Orcina & A. Morales Gil, edits. Hitos históricos de los regadíos españoles. Madrid: Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación, pp. 335-364.

[1] En el siglo XIX destacan las soluciones divergentes dadas a los abastecimientos de Madrid y Barcelona, ambas al margen de lo que Joaquín Costa entendía como política hidráulica. En Madrid fue por iniciativa del Gobierno de la Nación, presidido por Juan Bravo Murillo, creándose en 1851 el Canal de Isabel II. En el caso de Barcelona, a iniciativa de capitales  belgas y franceses, se crea la Sociedad General de Aguas de Barcelona, para abastecer el ensanche proyectado por Idelfonso Cerdá (Villegas, 2018).

[2] «Además, muy pronto en el gobierno conservador de Antonio Maura se planteó el dilema político de dedicar los escasos fondos del tesoro a pantanos o acorazados, ganando la segunda opción apoyada por los navieros vascos» (Villegas, 2018).

[3] «Era evidente que las confederaciones gestionaban los fondos públicos con excesiva prodigalidad, derroche de medios, exceso de cargos directivos y de personal. La Confederación del Ebro, dada su facultad de emitir deuda con la garantía del Estado, había comenzado con un presupuesto de 62 millones de pesetas, pero pronto superó los 192 millones, de los cuales unos 175 correspondían a nuevas emisiones de deuda. Esta cantidad superaba el presupuesto del Ministerio para todos los servicios hidráulicos de la Nación. La misma crítica podía extenderse a las demás confederaciones. No obstante, las confederaciones contaban con la simpatía de los usuarios, precisamente por las grandes inversiones que realizaban en obras de riego y que eran financiadas mediante la tutela del Estado». Texto copiado de «El conflicto del agua en la cuenca del Segura. Utilización de la influencia política» (Gil López, 2013)