José Nicoláu Sabater, un gran ingeniero de caminos crítico del Trasvase Tajo-Segura

por el día Mundial del agua

Introducción​.

​Ha sido frecuente que los planes hidrológicos nacionales elaborados en nuestro país hayan tenido un mentor político y un gestor técnico. El primero de los redactados en nuestro país, el de Canales y Pantanos Alimentadores de 1902, va asociado comúnmente al nombre de su mentor político, Rafael Gasset y Chichilla (1866-1927), ministro de Fomento en nueve ocasiones. A él se debe la puesta en marcha de la «política hidráulica» pregonada por Joaquín Costa como remedio a la depresión causada por la pérdida de las últimas colonias. Fue director del diario El Imparcial, el más influyente de su tiempo; se decía que un editorial suyo podía hacer caer al gobierno de turno. Fue el ministro más unido a los ingenieros de caminos. Pero injusto sería no dedicar atención al gestor técnico del Plan Nacional de 1902, el ingeniero de caminos José Nicoláu, soporte técnico del ministro Gasset. Por la necesaria brevedad de este trabajo, nos limitaremos tan solo a unas pinceladas biográficas seleccionadas de su amplísima trayectoria profesional.

Noticia de las actuaciones profesionales.

José Nicoláu Sabater nace en Tortosa en 1862. Fue el número uno de la promoción de ocho ingenieros de caminos de 1886. En las notas que continúan seguiremos los trabajos de Sáenz Ridruejo (1990 y 1993), así como las Actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II de la época en la que perteneció a dicho organismo.

Fue asiduo escritor de la Revista de Obras Públicas, el segundo más prolífico con 110 textos publicados, en cuyas páginas pueden encontrarse colaboraciones suyas sobre temas diversos, como ─por ejemplo─ los artículos de mayo y junio de 1899 sobre «el perfil de las presas de fábrica», en los que, apoyándose en un abundante aparato matemático, hace una recensión de las teorías de cálculo habidas hasta la fecha (Sazilly y Delacre, 1853; Rankine, 1870; Bouvier y Guillamain, 1875; Castigliano, 1884; Hetier, 1886; Clavenad, 1887;…) explicando las diferencias entre los distintos métodos y las causas de las roturas de presas habidas hasta entonces.

Desde 1896 figuraba como «ingeniero subalterno» del Canal de Isabel II, organismo pionero en el campo de las presas en la época moderna, con la construcción del Pontón de la Oliva (1851-1857), de factura «romana», y de El Villar (1869-1882), primera presa española de bóveda gruesa. En dicho organismo realizó el proyecto reformado del tercer depósito (actualmente Parque de Santander), proyecto que tuvo que modificar por localizarse en el subsuelo tres galerías horizontales de los antiguos «viajes de agua» con decenas de pozos verticales de construcción y ventilación. El hundimiento de la cubierta del depósito en abril de 1905, causando 50 muertos, dio lugar a un sonado juicio sobre la utilización del hormigón armado. Se trata de un depósito de 461 000 m3 de capacidad, lo que viene a ser más de la mitad de los embalses españoles formados por grandes presas.

Al ser nombrado en abril de 1900 por vez primera Rafael Gasset ministro de Agricultura, Comercio y Obras Públicas, ofreció la dirección del Plan de Canales y Pantanos a Ramón García Hernández, ingeniero con destacadas actuaciones hidráulicas en la cuenca del Ebro, como reconocimiento a la paternidad de muchas de las ideas del citado Plan; pero éste, «sintiéndose viejo y con mala salud» declinó el ofrecimiento, y la dirección del Plan pasó a un hombre joven: José Nicoláu.

En 1903, al volver Gasset al ministerio, creó la Inspección General de Obras Hidráulicas, de la que Nicoláu fue secretario. Asimismo fue secretario del Plan Hidráulico de 1903, el de Canales y Pantanos alimentadores, primer Plan Nacional, auspiciado por Gasset. Dicho plan fue entusiásticamente apoyado por los ingenieros de caminos. Pretendía poner en riego grandes superficies principalmente en los ríos atlánticos y el Ebro, dónde existían caudales abundantes, plan dirigido a la producción de alimentos para alimentar a la hambrienta población. Más adelante volveremos sobre el tema.

En 1904, Nicoláu fue comandado, junto con Narciso Puig de la Bellacasa, para estudiar las obras de riego de Egipto, y en 1907, se volvería a comisionar a ambos para visitar las de los EEUU. De estas comisiones han quedado impresas sendas memorias de excelente calidad. Entre medias, en 1905, se nombró a Nicoláu Jefe del Servicio Central de Trabajos Hidráulicos. En diciembre de 1909 (otra vez con Gasset de ministro) se elevó el Servicio Hidráulico a la categoría de subdirección, que pasó a llamarse de Aguas y Obras de Riego, siempre bajo la dirección de Nicoláu.

En 1911 había fallecido el apóstol de los riegos, Joaquín Costa, y el país, tras enterrarlo con gran fanfarria, se dispuso a enterrar también la política hidráulica. Para contrarrestar esta oposición, cada vez más fuerte en el Parlamento y en la prensa, un grupo de ingenieros que se reunían en torno a Nicoláu ideó la convocatoria de un congreso en el cual se defendiesen los riegos de las insistentes campañas en las que se les atacaba. Convergente con esta idea fue le de Jorge Jordana, presidente de la Federación Agraria Aragonesa, que trataba de recoger la antorcha de Joaquín Costa. Nació así el Congreso Nacional de Riegos, que se celebró en 1913 en Zaragoza. En el primer Congreso Nicoláu desarrolló la ponencia «Medios de ejecución de las obras hidráulicas y auxilios del Estado». En 1916 fue director general de Comercio, Industria y Trabajo.

Entre 1920 y 1922 fue Ingeniero Director del Canal de Isabel II, siendo Comisario Regio del organismo el Conde de San Luis. En el correspondiente Libro de Actas de los Consejos de Administración del Canal (sesión del 30 de julio de 1920) se puede leer: «…el día 8 del corriente tomó posesión de su cargo el Ingeniero Director don José Nicoláu quien por sus brillantes dotes, su anterior historia al servicio del Canal y el interés con que siempre ha mirado esta obra pública, garantiza el éxito que en la importante misión que se le ha encomendado. Los demás señores presentes se asocian a las anteriores manifestaciones de la Presidencia y el señor Nicoláu saluda al Consejo agradeciendo su buena acogida y ofreciendo aportar al desempeño de su cargo toda su buena voluntad y todo su entusiasmo a falta de otras cualidades. Y el Consejo acuerda quedar enterado con satisfacción».

En el Canal de Isabel II dejó elaborado Nicoláu un «Plan general de obras e instalaciones para el periodo 1921-1925», que se presupuestó en 42 millones de pesetas. En sesiones posteriores del Consejo, ante las demoras de su aprobación, el plan se «deslizó» al quinquenio 1922-26, y en sucesivas versiones, sin variación alguna de su contenido, su presupuesto se va incrementando hasta 55 millones de pesetas (demostrando que ciertas formas de proceder tienen carácter atemporal).

También resulta memorable su informe «Las aguas del Lozoya y las fiebres tifoideas», sobre las epidemias de fiebres que se reproducían intensa y periódicamente en la capital, con tasas de mortalidad de 23 por 100 000, mientras que en las capitales europeas desarrolladas dicha tasa se situaba en menos de 5 por 100 000. Propone la supresión de pozos y viajes de agua antiguos (sobre todo el del Bajo Abroñigal) a los que los madrileños recurrían cuando el Canal suministra a la capital las «aguas turbias», problema de abastecimiento que sufrió Madrid durante largas décadas (vid Gutiérrez y López-Camacho, 2004). En noviembre de 1921 hubo un episodio de epidemia, aumentando ese año el número de fallecidos a 400. Nicoláu había formulado un plan de depuración bacteriológica en 1905, pero en 1921 no se había llevado a cabo. En esta última fecha había aparecido la cloración del agua como procedimiento alternativo a la filtración; en EEUU se introdujo el cloro en 1911. Nicoláu se inclinaba por el procedimiento combinado de filtración más cloración, pero este procedimiento no se llevaría a cabo en el Canal hasta la lejana fecha de 1967, en la estación de tratamiento de Torrelaguna. Hasta 1931, con la llegada de la República, no se clausurarían definitivamente los viajes de agua.

Con objeto de romper la monotonía de cargos y fechas, recogeremos una de las ideas incorporadas al Plan general del Canal. Se exponía en su Memoria: «Los servicios de abastecimiento en su conjunto, tienden a pagarse a sí mismos, es decir, tienden o propenden a tener vida económicamente autónoma, por ser esa fórmula, no solo justa, sino también casi siempre la única que a la larga es prácticamente viable».

De la dirección del Canal pasó Nicoláu al ministerio como director general de Obras Públicas a finales de 1922, en vísperas de la proclamación de la Dictadura del general Primo de Rivera en septiembre de 1923. Su último destino fue la presidencia del Consejo de Obras Públicas, siendo sustituido a la llegada de la República en 1931. Murió el 29 de enero de 1950.

Perteneció al partido liberal fusionista de Sagasta. En 1899 había pertenecido a la «Junta de Representación del Cuerpo», constituida por los ingenieros de caminos diputados y senadores, presidida por «el viejo pastor» (Sagasta). Había sido profesor de la Escuela desde 1918, pero su elección como diputado le obligó a cesar como docente. Fue diputado por Tarragona desde 1910 hasta 1923, con intervalos debidos a que la supresión de las Cortes condicionaba su reingreso en el cuerpo.

Los planes hidrológicos nacionales de 1902 y 1933.

La Revista de Obras Públicas, en su número de 13 de abril de 1899, da cuenta de la génesis del Plan de 1902: «El Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, representado por su Comisión Central y presidido por el Excmo. Sr. Director general de Obras Públicas, ofreció al Excmo. Sr. Ministro de Fomento (Marqués de Pidal) un trabajo realizado por iniciativa particular, modesto en su forma, de indiscutible valor en el fondo: un avance de un plan general de pantanos y canales de riego».

La misma Revista (13 de abril de 1899) continuaba con el tema: «Los ingenieros de caminos, distribuidos por toda España, conocedores, por haberlas pisado mucho, de las provincias en que sirven, sin juicios preconcebido de teorías economistas, en contacto con el país productor, y unidos entre sí por una sólida organización particular, debían dar el ejemplo en el terreno práctico. Bastó una sencilla indicación, nacida en una de nuestras Asambleas, para que en corto espacio de tiempo recibiéramos numerosos trabajos de todas las provincias.»

Con el «Avance» del Plan de Canales y Pantanos, la política hidráulica española da un cambio radical. Hasta entonces predominaban las «ideas individualistas» del laissez faire, dentro del más estricto liberalismo. La Revista de Obras Públicas de 13 de abril de 1899 se hace eco de las nuevas ideas basadas en la intervención del Estado en la financiación y realización de las obras hidráulicas: «Por eso, la campaña emprendida en la prensa por El Imparcial, por propia iniciativa, ha sido tan oportuna y merece plácemes sin límite. Su ilustrado Director, excelentísimo Sr. D. Rafael Gasset, con la galanura de estilo que le es propia, con su facilidad en el difícil arte de dirigirse al público, con su entusiasmo, ha sabido hacer grato un asunto de por sí árido, como todo lo que se refiere a intereses materiales en donde se tienen que citar cifras. (…) Agradecemos sinceramente los elogios que tributa El Imparcial a nuestro Cuerpo de Ingenieros de Caminos«. En la misma Revista, en el número de 27 de abril de 1899 se afirma: «El Imparcial un día difundió la idea salvadora; D. Rafael Gasset abogó por la política nueva, la que conviene hoy al país, y su pensamiento se divulgó por toda España. (…) Opiniones tan autorizadas como la de los excelentísimos señores D. Francisco Silvela y D. Práxedes Mateo Sagasta, son valiosísimas; aun entre los de criterio individualista, el del Sr. Moret, que hace una excepción para la construcción de los pantanos, porque «esto no es una cuestión económica» afirma».

Pero no todos apoyaban el denominado Plan Gasset, pues la unanimidad no es una característica de sociedades humanas (excepto en sospechosas dictaduras). Así, Eduardo Saavedra (1829-1912) ilustre ingeniero, arquitecto, arqueólogo y arabista, descubridor de las ruinas de Numancia, en abril de 1900 era, a la sazón, presidente de la Junta Consultiva del Ministerio de Fomento del marqués de Pidal. El nuevo ministro, Rafael Gasset, lo jubiló fulminantemente por haberse mostrado contrario a la nueva política que Gasset venía a desarrollar (votó en contra del Plan junto con otros cuatro miembros de la Junta), sustituyendo la Junta Consultiva por un nuevo órgano: el Consejo de Obras Públicas.

El «Avance», redactado por Saturnino Bellido, constituyó sin duda el precedente inmediato del «Plan General de Canales de Riego y Pantanos» o, coloquialmente, Plan Gasset. Como se criticó posteriormente (en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, que veremos a continuación), el Plan no era más que un catálogo de canales y pantanos esparcidos por todo el territorio, sin conexión entre ellos. Las escasa líneas de trabajo que se planteaban se centraban en la vertiente atlántica y en el Ebro, sobre todo en las dos mesetas. Para Lorenzo Pardo y los redactores del Plan de 1933, «un error grave fue suponer que la productividad de la hectárea en las zonas interiores era igual que las mediterráneas, sin tener en cuenta la duración y crueldad de los inviernos en las primeras».

El Plan Gasset, como subrayaría posteriormente Nicoláu, era de carácter provisional, tanto por los escasos medios empleados como por la necesidad de proceder a estudios más detallados, tanto de las corrientes como de las cerradas y del trazado de los canales. Sin embargo el Plan estuvo vigente hasta 1926, fecha de la creación de la Confederación Hidrográfica Sindical del Ebro, la primera de ellas, durante la Dictadura de Primo de Rivera siendo ministro de Fomento el Conde de Guadalhorce. Las modificaciones y actualizaciones introducidas en el Plan de 1902, en los años 1909, 1916 y 1919 fueron de escasa importancia.

El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 fue dirigido por Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953) y elaborado en el Centro de Estudios Hidrográficos, con el impulso del ministro Indalecio Prieto. Este Plan, que contó con notables medios para su realización, pretendía tratar de una manera conjunta los problemas hidrológicos nacionales, con consideraciones geográficas y geológicas, climáticas, agronómicas, forestales y económicas. Visto con los ojos de hoy, contrasta la ambición de sus objetivos con el escaso fundamento en que se apoyaba. Fue acompañado de un gran aparato de propaganda; se hizo una exposición del mismo en los bajos del Palacio de la Música de la Gran Vía madrileña, inaugurada por el presidente de la República, Alcalá Zamora, y con gran repercusión en la prensa. No llegó a ser aprobado por Las Cortes, pues antes de su aprobación cayó el Gobierno republicano-socialista, siendo sustituido Prieto por Guerra del Río, primate del Partido Radical de Lerroux.

El Plan comienza con una crítica acre al Plan de 1902, comentando que se orientaba a la mera localización de cerradas, sin intención de coordinación o aprovechamiento conjunto. Se destacaba también que, exceptuando el Ebro, las propuestas se centraban en las cuencas atlánticas, sin análisis de prioridades por rentabilidad económica, cediendo en muchos casos al favoritismo y a las influencias locales. Se destacaba especialmente la ausencia de datos hidrológicos concretos. En definitiva: se trataba de subrayar los valores del nuevo Plan de 1933 menospreciando la labor del Plan anterior de 1902 (el elogio de lo propio actual y el desprecio de lo ajeno anterior no resulta, desgraciadamente, infrecuente en nuestro país).

Uno de los grandes defectos del Plan de 1933 fue supeditar la producción de energía eléctrica a los riegos por considerar a estos «de mayor interés nacional»; idea que posteriormente vuelve a aparecer en el II Plan de Desarrollo de 1967, cuando se supedita el abastecimiento a Madrid a los riegos del Sureste a través del Acueducto Tajo-Segura, por considerar que, según el Cedex, los usos de riego son de «de mayor interés nacional» que el abastecimiento urbano-industrial de la capital y su área de influencia.

El Plan de 1933 destaca la escasez de datos hidrológicos en buena parte de la península. Así por ejemplo, aunque en el Plan se manejan datos de 65 estaciones de aforo del Ebro, solo se dispone de 57 estaciones para el conjunto de las restantes cuencas.

Una de las acciones a las que el Plan dedicó mayor importancia fue al desequilibrio hídrico de la península., «que penalizaba a las tierras fértiles del Levante. La conveniencia de buscar paliativos a una prolongadísima sequía que estaba asolando Almería y Murcia, llevó el 24 de octubre de 1932 a Lorenzo Pardo y sus colaboradores a la zona. Comentando posibles soluciones en el viaje de vuelta, fueron desechadas las transferencias desde el Júcar o el Guadalquivir por ser recursos necesarios en sus cuencas. Clemente Sáenz hizo la observación de que el Tajo y el Júcar tienen en sus cabeceras cursos paralelos de pendientes opuestas como dos floretes en posición de guardia. La proximidad hacía factible en principio el paso por un túnel de una cuenca a otra. Este fue el germen de la idea del trasvase del Tajo al Levante que fue incluida en el Plan y que muchos años después se traduciría en el trasvase Tajo-Segura, ejecutado según proyecto del Centro de Estudios Hidrográficos» (Cedex, sin fecha).

El debate entre Nicoláu y Lorenzo Pardo sobre el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y el Trasvase Tajo-Segura.

​El intercambio de opiniones se produjo en tres sucesivas comunicaciones a la Revista de Obras Públicas, aparecidos en 1934 (véase referencias bibliográficas). El primero y tercero de los escritos pertenecen a Nicoláu; el otro se debe a la pluma de Lorenzo Pardo.

Comienza el primero de los escritos de Nicoláu quejándose de los acres comentarios de Lorenzo sobre el Plan de 1902, resaltando el gran aparato de propaganda con que han presentado el nuevo Plan de 1933. Entra en materia afirmando que «…el nuevo Plan aspira a convertirse en ley y a iniciar una nueva era, rompiendo con el pasado, que se censura con acritud y sin justicia, para fundar sobre sus ruinas las normas que en lo sucesivo hayan de regir sobre estas materias». Leídas estas líneas fuera se su contexto, ¿no podrían constituir una crítica atemporal de los planes españoles ─no solo los hidrológicos─ de cualquier fecha?

Pasa Nicoláu a defender el Plan de 1902, indicando cuál era su objeto, motivado por el desastre colonial de 1898. Por aquellas fechas, dos terceras partes de la mano de obra trabajaba en el campo (cuando había labores que hacer), eran frecuentes las hambrunas, y el puerto de Vigo estaba atestado de emigrantes que confiaban en otros países para mejorar su situación. Con el Avance del Plan de canales y pantanos de 1899 se trataba de iniciar un posible remedio para la producción de alimentos mediante el riego. Se proponía principalmente recoger una propuesta de estudios, presentando listados de posibles cerradas para ubicar presas. Las intenciones del Plan eran limitadas debido a la escasez de medios con el que se realizó, en contraposición de los abundantes medios con que contó ─ según Nicoláu─ la confección del Plan de 1933.

Lamenta y se queja Nicoláu de que Lorenzo haya calificado el Plan de 1902 de «error grave». Dice Nicoláu: «En el Plan que se propone ahora no encontramos mucho más que lo que en aquel se encontraba». Vistos ambos planes con la perspectiva actual, no podemos sino reconocer el «voluntarismo» de ambos, sin disponer de apoyos firmes en datos ciertos en los que fundarse ni desde el punto de vista hidrológico, con gran desconocimiento del régimen de las corrientes, ni de las condiciones de impermeabilidad y resistencia de las cerradas enumeradas, etc.

En cuanto a los rendimientos de los cultivos, en los que Lorenzo basaba la superioridad del Plan de 1933, Nicoláu critica «que no se tenga en cuenta el cambiante valor de la peseta», con un planteamiento «inercial respecto al pasado». Podríamos añadir, visto desde ahora, que la observación de Nicoláu cobra mayor valor a la vista de la Gran Depresión en que había entrado desde 1929 la economía mundial, así como la española después de la euforia inversora de la Dictadura de Primo de Rivera.

Respecto a la propuesta del Trasvase del Tajo al Segura contenida en el Plan de 1933, Nicoláu señalaba que «era la única novedad y la parte más discutible del Plan». Subraya la falta de estudios. «En el Plan, de 3 tomos, se dedican al Trasvase 5 páginas y media y un pequeño croquis».

La insistencia de Nicoláu en la falta de estudios del Plan de 1933 en los aspectos económico, social y político y, sobre todo, señalando a «algunas organizaciones autonómicas (léaseConfederaciones hidrográficas) en las que toda prodigalidad tiene su asiento«, enfadó muchísimo a Lorenzo Pardo, que dedicó su escrito de contestación (publicado en la Revista de Obras Públicas, como respuesta al anterior) a combatir ese aserto. Lorenzo prescinde de defender «su» Plan (el de 1933) y la contestación a Nicoláu la dedica exclusivamente a la defensa de su honor, pues se considera atacado. La razón es que ante el tamaño que había adquirido la Confederación del Ebro, de la cual Lorenzo había sido primer director entre 1926 y 1931, con la llegada de la República fue suspendida y Lorenzo juzgado con la acusación, entre otros cargos, de prevaricación y malversación; acusación de la que salió indemne y fue rehabilitado. Lorenzo se queja del escaso apoyo que en el lance recibió de sus compañeros del Cuerpo. Termina emplazando a Nicoláu para que pruebe sus acusaciones de inmediato en el terreno personal, sin referirse, por otra parte, a cualquier aspecto del Plan.

Nicoláu, en el tercero de los escritos de la Revista de Obras Públicas que mencionamos arriba, aparte de exponer consideraciones de índole personal y de defensa de los miembros del Cuerpo de Ingenieros, autores del Plan de 1902, entra a satisfacer los requerimientos de Lorenzo, ampliando su crítica al Plan de 1933 y a la propuesta del trasvase Tajo-Segura.

Comienza su crítica al Plan de 1933 indicando que «… pretende duplicar en un plazo de 25 años la extensión de los regadíos actuales». Añadiendo: «Para el Sr. Lorenzo Pardo no será obstáculo en ningún caso a la implantación futura de los regadíos o a la mejora de los existentes la falta de recursos hidráulicos suficientes, ni la de tierras aptas para ello allí donde por otros conceptos sería fácil o ventajoso llevarlos, ni la falta, por todos tan temida, de población agrícola con preparación y condiciones adecuadas, ni la de recursos y créditos suficientes (…) para una economía tan pobre como la nuestra, que, además, pasa ahora por una profunda crisis (…) y la falta de mercados remuneradores para la colocación de productos».

En cuanto al desafío de Lorenzo emplazándole terminantemente a demostrar en qué hubo prodigalidad en la Confederación del Ebro, Nicoláu escribe: «Hubo prodigalidad en la Confederación del Ebro, hubo profusión de empleados y de asistencias de todas clases (…) La misma Confederación dispuso de dinero en grandísima abundancia, gracias a subvenciones del Tesoro tan elevadas como las consignaciones que para todos los servicios hidráulicos de la cuenca se repartían antes, y gracias sobre todo, a las emisiones de empréstitos cuantiosos, hechos, eso sí, con la garantía del Estado.

Continuaba Nicoláu: «El sistema de empréstitos, que cuando se hace sin grandes cautelas y se exagera, bien se ha visto a dónde ha llevado a varias Corporaciones y a qué peligros expone a la Hacienda y Economía nacionales, permitió a la misma Confederación formular y aprobar presupuestos anuales de gastos verdaderamente fantásticos, que empezaron en cerca de 62 millones y excedieron al final de 192, con partidas en el de ingresos que había de proceder de nuevas emisiones, ¡por valor de 175 millones de pesetas! (…)Para comprender lo que estas cifras representan bastará anotar que no llega a 170 millones el presupuesto de gastos de 1933 de todos los servicios hidráulicos de la nación entera. (…) Demuestra también que ha habido abundancia, y en algunas partes exceso de gasto, la compra a particulares o Compañías de obras hidráulicas, de propiedades o derechos, de grandísima parte de las acciones, y aun de obligaciones, de Sociedades concesionarias de obras de riego, estas últimas, por lo menos, poco o nada necesarias«.

En cuanto a la organización de la Confederación del Ebro en el periodo en que Lorenzo fue Director, no se muerde la lengua Nicoláu, escribiendo: «…movían las Confederaciones la más extensa y compleja maquinaria administrativa que se ha montado jamás en nuestras administraciones públicas, servida por sendas falanges burocráticas. Esta maquinaría comprendía en el Ebro una Asamblea muy nutrida, una Junta de Gobierno, un Consejo Técnico, dos Comités, una Delegación Regia y otra del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, cinco Delegaciones de otros tantos Ministerios, doce Juntas de obras y ocho sociales, asesorías diversas, Administración central, ocho Divisiones de obras, cinco agronómicas y cuatro forestales, servicios especiales muy variados, secretarías, etc. etc., y para servir todos esos centros y cometidos, un personal numeroso de delegados, ingenieros de todas categoría y clases, con la excepción, por lo menos, de los navales; letrados, arquitectos, ayudantes y auxiliares técnicos, topógrafos, asesores, intérpretes, positivista de planos, jefes y auxiliares de Negociado, relator de arbitrajes (a pesar de que la ley de Contabilidad los prohibía para los derechos de la Hacienda pública), interventores, estadistas, etc. etc. Y no bastando sin duda todo ese personal de plantilla, se acudía también con amplitud al temporero, al accidental y aun al extraño.

Al final Nicoláu dedicaba un párrafo al Trasvase Tajo-Segura: «Especialmente entiendo requiere demostración inequívoca que el trasvase de las aguas de unas a otras cuencas (…) constituye en la forma ideada algo más que una posibilidad técnica, y que al intentar realizarlo no se cometa el riesgo de que pudiera representar algo así como una alegre excursión al campo florido de las ilusiones de la utopía, al regresar del cual, con las alforjas repletas de decepciones, se habría de encontrar al infeliz contribuyente español con los bolsillos vaciados.«

Este escepticismo o posición crítica sobre el trasvase no fue exclusiva de Nicoláu. El Consejo de Obras Públicas emitió un informe el 22 de abril de 1933 criticando que el plan presentado no requería las condiciones de un plan definitivo. Fue en el inicio de una tramitación en las Cortes que terminó en vía muerta. A su vez, en la Revista de Obras Públicas hay otros artículos críticos con el concepto del trasvase, como los de Luis Rodríguez Arango y Fernando García Arenal Winter. Aunque sus carreras profesionales no se desarrollaron en el ámbito del agua, señalaron los principales problemas del Trasvase.

Comentarios y conclusiones.

En la historia de la planificación hidráulica de nuestro país, materializada en los planes hidrológicos de ámbito nacional, documentos equivalentes o leyes definitorias, ha sido frecuente que la parte técnica (ciertamente brillante en muchas ocasiones) haya escondido ─o, al menos, relegado─ el propósito, la justificación, la intención última de los sucesivos planes. Todo ello dentro del marco histórico/económico/social/político de cada momento. En las líneas que siguen intentaremos dar una razón al tema que acabamos de plantear. En definitiva, como señaló con acierto el profesor Antonio Embid: «la planificación hidrológica es la expresión de la política del agua«.

Dejando aparte las leyes de Agua de 1866 y 1879, que sentaron un poderoso y duradero edificio jurídico para la ordenación de los aprovechamientos de las «aguas naturales», podemos comenzar la historia moderna precisamente con la aparición del término «Política hidráulica» debida a Joaquín Costa, a finales del siglo XIX. Costa definió, con el lenguaje alambicado de la época, la política hidráulica como «una locución trópica, especie de sinécdoque, que resume en cifra la política que cumple seguir a la nación para redimirse«. Es otras palabras, la política quedaba reducida a «escuela y despensa», basada en la producción de alimentos por medio del riego. Para ello se reclamaba la intervención del Estado, relegando la política liberal del laissez faire, imperante hasta entones, que encomendaba las realizaciones exclusivamente a la iniciativa particular, iniciativa que se había mostrado inoperante hasta entonces.

Rafael Gasset, director del diario El Imparcial y ministro de Fomento en nueve ocasiones por el partido Liberal, fue el encargado de llevar a la práctica la «política hidráulica» de Costa, siendo su apoyo técnico el ingeniero José Nicoláu. A iniciativa del Cuerpo de Ingenieros de Caminos se elaboró el «Avance de un plan de canales y pantanos alimentadores» en 1899, como respuesta a la depresión causada por la guerra de Cuba y la pérdida de las últimas colonias. El Avance fue el precedente inmediato del Plan de 1902, denominado coloquialmente Plan Gasset. Se trataba de un meritorio elenco o inventario de posibles cerradas para construir presas que formaran pantanos para su aprovechamiento en riegos, pero que necesitaban estudios posteriores en cada caso.

Por entonces dos terceras partes de la mano de obra trabajaba en el campo (cuando había trabajo) y se presentaban frecuentes hambrunas. Se confiaba en la emigración para resolver las penurias y pobreza de una buena parte de la población. Sobre este marco hay que juzgar el Plan de 1902, que se enfocaba sobre riegos en las cuencas de los ríos atlánticos y en el Ebro, que eran las cuencas que tenían abundantes caudales aprovechables. Por el contrario, las cuencas mediterráneas, provistas de grandes acuíferos subterráneos en su cabecera que daban lugar a corrientes más regularizadas, habían desarrollado los riegos de sus vegas y planas litorales desde tiempo de los árabes, contando con menores recursos relativos para su aprovechamiento adicional.

El Plan de 1902 ya contenía un germen negativo común a la futura planificación hidrológica española: el desequilibrio entre los planteamientos grandiosos que hacía en cuanto a número de pantanos y hectáreas regables y los medios existentes para su realización, la llamada «melancolía» de los fondos públicos. En efecto, fue muy poco lo realizado; incluso, lo iniciado demoró su finalización durante décadas. Desde entonces, los «grandes» planes han tendido a ampliar la brecha entre los deseos y las realidades. Sin embargo Gasset nos dejó la llamada «Ley de Auxilios de 1911», que determinaban las ayudas del Estado a las obras hidráulicas, sorprendentemente vigente hasta nuestros días.

Otra crítica a la política hidráulica de Costa y, subsecuentemente, al Plan de 1902, realizada con mayor angular, se debe a la pluma de Manuel Azaña. En su obra «¡Todavía el 98!», escrita en 1923, se opone a una política reducida solamente a pantanos y riegos, afirmando: «Todo Costa es, seguramente realizable el día menos pensado, sin que desaparezcan ninguna de nuestras aspiraciones actuales». Las aspiraciones a las a las que se refería Azaña se basaban en la «acción» del Estado para mejorar el nivel cultural y material de los españoles, preguntándose, «¿quién ha de costear el pan y las obras?, ¿quién regentará la escuela?, ¿de quién será la tierra esté seca o regada? Ahí ─señala Azaña─ se abre la perspectiva de los fines y comienza la política».

La llegada de la dictadura de Primo de Rivera trajo consigo la creación de las Confederaciones Hidrográficas, la primera la del Ebro. Se deben enmarcar en un plan económico de monopolios de los servicios esenciales por parte del Estado: las Confederaciones, monopolio del agua y de los riegos (1926); Campsa, monopolio de petróleos (1926); Telefónica, monopolio de comunicaciones, (1927). España era por entonces el segundo país del mundo con aranceles más altos, solo superado por los EEUU. La política seguida por las Confederaciones era de ideas autárquicas para el autoabastecimiento de alimentos, con lo que poco cambió la concepción respecto a las ideas del Plan Gasset, aunque contó con muy abundantes medios económicos y humanos: elevados empréstitos con aval del Estado y generosas plantillas en la Confederación del Ebro.

Sin embargo la política económica de la Dictadura tropezó con la Gran Depresión iniciada en 1929, lo que provocó su caída. Con ella, a la llegada de la República, se suspendió la Confederación del Ebro, buque insignia de la política hidráulica de la Dictadura, (según Nicoláu, «donde toda prodigalidad tiene su asiento«) y se acusó a su director, Lorenzo Pardo, de prevaricación y malversación, aunque terminó absuelto y rehabilitado.

La República, siendo ministro Indalecio Prieto, creó el Centro de Estudios Hidrográficos, nombró director a Manuel Lorenzo Pardo y le encargó la elaboración del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, presentado en 1933 con gran aparato de propaganda, por medio de una exposición inaugurada por el presidente de la República y un gran despliegue en la prensa, presentándolo como un gran proyecto de Estado por encima de banderías políticas. Tuvo la indelicadeza de comenzar denigrando al Plan Gasset, considerándolo un «grave error» aunque el nutrido elenco de obras que presentó no difería del anterior (ya que las cerradas aptas para la construcción de presas no podían cambiar de lugar).

El Plan de 1933 se presentó como avanzado en su tiempo en razón de las consideraciones hidrológicas, agronómicas, económicas, geológicas y forestales que presentaba. Sin embargo, la mayor parte de dichas consideraciones (analizadas a la luz de los conocimientos de ahora), no pasaban de tener escasa consistencia y carecer de apoyo en datos adecuados. Así, en el campo de la economía, consideraba determinante el rendimiento agrícola por hectárea, sin consideraciones de costes reales (no apriorísticos) y financiación de las obras, formación de los agricultores, mercados de colocación de los productos, coyunturas monetarias nacionales e internacionales, desarrollo regional equilibrado, etc. De esta manera dirigió sus actuaciones de regadío hacia las cuencas mediterráneas, con objeto de obtener mediante la exportación agraria divisas de las que estaba escasa la economía española para la importación de productos industriales.

Pero como en Levante faltaban recursos hídricos (el aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas no comenzaría a producirse hasta la década de los 60), se tuvo que recurrir, de manera ciertamente improvisada y sin casi ningún estudio, a incluir en el Plan una propuesta de trasvase de las aguas del Tajo al Segura. José Nicoláu no dejó escapar esta ligereza calificándola ─como mínimo─ de utópica. El Plan de 1933 no llegó a ser aprobado en Las Cortes, pues cambió el gobierno con las elecciones de finales de 1933. El ministro que sustituyó al socialista Indalecio Prieto, Rafael Guerra del Río, primate del partido Radical de Lerroux, aunque dijo que no cambiaría una coma del Plan por considerarlo una propuesta de Estado, no logró impulsar la ley que lo aprobase.

Terminada la Guerra Civil, el nuevo ministro de Obras Públicas (1938‑1945) de perfil técnico, Alfonso Peña Boeuf, ingeniero y profesor de la Escuela, elaboró el Plan General de Obras Públicas en 1939. En materia de obras hidráulicas siguió el Plan de 1933, pero «bajando el balón al suelo» (si es permitido el símil futbolístico). Se centró en las obras próximas a su finalización y puesta en servicio, y se olvidó de las utopías trasvasistas.

Esta política se mantuvo durante las siguientes décadas. Los embalses construidos contribuyeron notablemente al desarrollo del país, acabando con el déficit de alimentos y proporcionando la energía necesaria para las primeras etapas del despegue económico.

Los «sueños de la razón» volvieron a escena con el Segundo Plan de Desarrollo de 1967, donde se volvió a resucitar la idea del Trasvase Tajo-Segura. Otra vez primaba la obtención de divisas mediante productos agrícolas de exportación para la compra en el exterior de bienes de equipo destinados al desarrollo industrial. Se pasaron por alto la inexistencia de recursos, se subvencionaron fuertemente las obras, se compensaron a cargo del erario público las deseconomías externas (disminución de la energía en los saltos del Tajo) y se callaron las voces de protesta, tarea fácil para un régimen autoritario. Se consideró sorprendentemente que los riegos del Sureste eran «de mayor interés nacional» que el abastecimiento de la región de Madrid, la mayor concentración urbana de la península, la segunda zona industrial de España y la primera de la economía y los servicios. Error de planificación económico/social sorprendente en un momento en que la sociedad española comenzaba a dejar de ser agraria y pasaba a ser una sociedad industrial/de servicios. Y ello ─precisamente─ gracias en parte a los embalses construidos en las décadas anteriores. Por consiguiente, no se supo poner freno a la gran labor realizada anteriormente, intentando llenar de trasvases la geografía española, como «broche de oro de la política hidráulica». Broche que solo existía en la fantasía de los planificadores y condujo al descredito de la meritoria labor anterior de construcción de embalses.

El Acueducto Tajo-Segura fue inaugurado en 1980. Durante el tiempo trascurrido desde entonces se ha constatado un notable fiasco por falta de agua, ya que solo se ha conseguido transferir una tercera parte de lo proyectado. La utopía acabó en distopía: fuertes enfrentamientos entre regiones; formación de cacicazgos agrarios y de firmas de exportación que presionan insistentemente a los poderes públicos; necesidad de otras obras (desalación) en un salto hacia adelante, con necesidad de financiación de la Unión Europea y fuertes subvenciones para su funcionamiento; sentencia del Tribunal Supremo frente a incumplimientos legales de los caudales necesarios para la conservación del río Tajo; grandes afecciones ambientales tanto en la cuenca cedente como en la receptora (desastre del Mar Menor); degradación de instituciones forzadas a actuaciones poco éticas en defensa de los intereses crematísticos de los beneficiados; etc.

En definitiva: desorientación en la política de aguas. Llegados a este punto, solo cabe preguntar. ¿Cuál sería la posible orientación de una nueva política del agua, cuyo rumbo parece extraviado desde la década de los años 80? La respuesta parece fácil:

Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (Directiva 2000/60)

Considerando 11. Tal como se establece en el artículo 174 del Tratado, la política de la Comunidad en el ámbito del Medio Ambiente debe contribuir a alcanzar los objetivos siguientes: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, y la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Asimismo debe basarse en el principio de cautela y en los principios de acción preventiva, de la corrección de los atentados al medio ambiente preferiblemente en la fuente misma, y de quien contamina paga.

Recapitulación.

Los planes hidrológicos de ámbito nacional, así como las leyes de soporte de la política hidráulica de nuestro país desde 1900, juzgados desde la perspectiva ventajosa de 2020, podrían concluir en que se han elaborado «con la cabeza a pájaros», dada la distancia que muestran entre sus desorbitadas y estupefacientes propuestas, así como los presupuestos necesarios para su ejecución, frente a las capacidades técnicas, humanas y económico-financieras existentes en cada momento. Son frecuentes los listados imposibles de obras y aprovechamientos que se incorporan en los planes o en las disposiciones legales; listados que recopilan casi todas las propuestas acumuladas entre el polvo de los anaqueles de las administraciones hidráulicas. En nuestro país, la declaración de obras de interés general, nacional o autonómico constituyen un abultado listado que requiere revisión y actualización frente a la inercia de su repetición periódica y acrítica. Los Riegos del Alto Aragón constituyen un ejemplo paradigmático, pues la ley de su aprobación de 1915 sigue vigente, con reclamación de forma irredenta de las obras que faltan.

Las realizaciones prácticas en materia hidráulica han sido, por lo general, acertadas, excepción hecha de casos de ejecución de embalses sobredimensionados (embalses de regulación cuasi secular) o en ríos donde no había agua. Se puede afirmar que los embalses, los canales de riego y su aprovechamiento han posibilitado y contribuido al desarrollo de nuestro país. El mecanismo de la aprobación de las obras en los presupuestos generales del Estado de cada año ha limitado «los sueños de la razón» de la planificación hidrológica. Afortunadamente, como decía un veterano diputado del Congreso, «lo que no está en los presupuestos generales de cada año, no existe». Con lo cual, la planificación hidrológica se quedaba como un ejercicio meramente teórico. Por el principio de reflexividad, las propuestas en la planificación prescindían, consecuentemente, de los corsés de la racionalidad, la moderación y la viabilidad, ya que no incurrían en obligaciones económicas de ningún tipo.

La política del agua de nuestro país se encuentra a falta de incorporar y asumir la política ambiental europea (no solo con «la boca pequeña») contenida en la Directiva Marco del Agua, los nuevos parámetros de la Política Agraria Común y las actuaciones de mitigación y adaptación respecto al Calentamiento Global.

El sueño de la razón llegó a su paroxismo con los trasvases de grandes cantidades de agua a largas distancias, como el caso del trasvase Tajo-Segura, sobre todo cuando se plantean ─como en ese caso─ desde cuencas sin agua a regiones secas. José Nicoláu decía en 1934 que la propuesta de dicho trasvase era «una alegre excursión al campo florido de las ilusiones de la utopía«. Ortega, por su parte, también decía que «el hombre es un animal fantástico«, pero se olvidó de los planificadores de disparates. Treinta años después de la inauguración del Trasvase, las consecuencias se hacen evidentes: degradación ambiental de la cuenca cedente (afecciones al estado del Tajo en el Real Sitio de Aranjuez y en el Torno del Tajo en Toledo) o desastres ambientales en la cuenca receptora (Mar Menor murciano); creación de una plutocracia regional agraria y de productos de exportación, que radicaliza la situación sociopolítica; enfrentamiento entre regiones por el agua, con derivaciones de orden político; intervención de los tribunales de justicia para corregir abusos (caudales de conservación del río Tajo); saltos hacia adelante (o al vacío) con la construcción de una perdigonada de desaladoras en la costa mediterránea con fondos europeos, con indefinición de la recuperación de los costes y de los gastos de explotación; sobreexplotación hasta la última gota de los acuíferos subterráneos; sobreexcitación de los sentimientos identitarios regionales; etc. etc.

El final del trayecto que hemos recorrido a lo largo de los párrafos del presente trabajo es la arribada al puerto de la necesidad de una nueva política del agua. Se trata, ni más ni menos, de pasar del sueño del aprovechamiento productivo de hasta la última gota de agua, que viene desde el político liberal del siglo XIX Álvarez Mendizábal (España no será grande mientras los ríos no desemboquen en el mar) a un nuevo sueño (¿una nueva planificación hidrológica también fantástica?), consistente en la conservación, protección y mejora de los espacios del agua: las aguas corrientes o estánticas y los ecosistemas acuáticos o terrestres asociados, sin olvidar los paisajes del agua. Es decir, en paralelo al paso desde una sociedad agraria a una sociedad urbana de servicios, proponer (y aceptar) el cambio ─sin perder de vista la despensa del campo y sus gentes─ desde una política hidráulica agraria meramente productivista a una política del agua técnicamente viable, económicamente rentable, socialmente aceptable y sostenible medioambientalmente.

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Autores:

Antonio de Lucas Sepúlveda

Doctor por la Universidad de Alcalá e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (UPM).
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Bernardo López-Camacho y Camacho

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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