Justificación
Del 12 al 14 de junio de 2002 se celebró en Ciudad Real el XX Congreso Nacional de Riegos. En la Mesa Redonda sobre «Aguas subterráneas, regadíos y sostenibilidad», el autor presentó la ponencia cuyo resumen se incluye a continuación. En ella recoge sus propias actuaciones y experiencias en relación con el acuífero de la Llanura Manchega y Las Tablas de Daimiel, a cuyo Patronato perteneció como vocal entre 1976 y 1991, primero en representación del Servicio Geológico de Obras Públicas y después del Ministerio de Obras Públicas. Como quiera que dicho resumen no se encuentra en la web (como es sabido, lo que no está en la web, no existe), ahora, casi veinte años después, he decidido incluirlo en esta dirección electrónica de El meandro por si pudiera conservar todavía algún interés.
Resumen de la intervención en la Mesa Redonda.
Si hubiera que elegir un personaje clave en la política hidráulica del siglo XX y en el desarrollo de los regadíos españoles, la elección recaería sin duda en Rafael Gasset y Chinchilla (1866-1927).
Fue director del diario El Imparcial, el periódico más influyente en la política española entre finales del siglo XIX y la dictadura de Primo de Rivera (1923). Un editorial de dicho diario podía hacer caer al gobierno de turno. Durante 25 años raro fue el día en que El Imparcial no incluyese un artículo o editorial sobre la «política hidráulica», como expresión de la política económica que había que seguir para hacer salir al país del atraso y la depresión causada por la pérdida de las colonias en 1898. A principios del siglo XX, dos terceras partes de la mano de obra trabajaba en el campo y la exportación de productos agrícolas constituía el 50% de los ingresos de la balanza de pagos.
Rafael Gasset fue ministro de Fomento en nueve ocasiones entre 1900 y 1923. Las dos primeras como independiente en los gobiernos conservadores de Raimundo Fernández Villaverde y Francisco Silvela. Las siete restantes con el Partido Liberal en los gobiernos de Moret (3 ocasiones), Canalejas, Romanones (2 ocasiones) y García Prieto. En todas las ocasiones su programa de gobierno se basaba fundamentalmente en el desarrollo de la política hidráulica, entendida como acción del Estado de construcción de canales y pantanos que permitiesen desarrollar los regadíos, evitando el hambre y la gran emigración que entonces tocaba a los españoles, materializando y llevando a la acción de gobierno las ideas de Joaquín Costa ante el fracaso de la iniciativa privada de construcción de dichas obras por medio de subvenciones (ideas individualistas se denominaban entonces).
Entre sus obras más notables se encuentran el Plan de canales y pantanos alimentadores de 1902 (primer plan hidrológico nacional), que comprendía 296 obras entre canales y pantanos que pretendían beneficiar 1,5 millones de hectáreas, así como la Ley de auxilios para riego de 1911, que aún sigue en vigor, verdadero pilar que posibilitó el desarrollo de los regadíos durante todo el siglo XX, al permitir la financiación pública de las obras de transformación mediante su declaración de interés general.
Pero, además, Rafael Gasset estuvo estrechamente ligado a Ciudad Real, que constituyó su feudo electoral. Fue diputado liberal independiente por el distrito electoral de Ciudad Real en cuatro legislaturas entre 1910 y 1918, y por Alcázar de San Juan en tres legislaturas entre 1918 y 1923. En su recuerdo se le dio su nombre al principal parque público de Ciudad Real (Parque Gasset).
El Plan de Obras Hidráulicas de 1902 incluía las siguientes obras relacionadas con la provincia de Ciudad Real: pantano de Fernán Caballero (al que luego se denominaría embalse Gasset) para el riego de 3200 hectáreas; cuatro pantanos en la Lagunas de Ruidera (pronto sustituidos por el embalse del Estrecho de Peñarroya) para 20 000 ha; el pantano del Portillo de Cijara y canal del Guadiana, para el que después se denominaría Plan Badajoz, para el riego de 120 000 ha; pantano de la Vega de Jabalón, para 7000 ha; pantano de la Torre de Abraham, para 10 000 ha; pantano de Tirteafuera, para 3400 ha; canal de Luciana, para 200 ha; pantano de El Cañal, para 1500 ha; Pantanos de Esparragués y Chiquero, para 2800 ha en total; pantano de Cerro Marín, para 3000 ha; canal del Azuer y pantano de El Puerto, para 3200 ha; pantano de Mari-Sánchez (actual de La Cabezuela), para 8000 ha; pantano de Calzada de Calatrava, para 1000 ha; canal de Picón, para 1500 ha; pantano de Castellar, para 2500 ha. Una buena parte de esta relación de obras se encuentra realizada en la actualidad.
Durante su primer ministerio, a fines de septiembre de 1900, viajó a Ciudad Real acompañado de una expedición de periodistas madrileños para inaugurar las obras del pantano de Fernán Caballero. Por primero vez, subrayaba El Imparcial, un ministro del gobierno visita aquella provincia, la más sedienta de España. El recibimiento –según la crónica del periódico– fue triunfal y tuvo caracteres de apoteosis. En Fernán Caballero le esperaba todo el pueblo en la estación. La población estaba engalanada con arcos de follaje, en los que destacaban letreros alusivos al viaje del ministro, tales como «Sin agua no hay agricultura, y sin ésta no hay Patria». El diputado provincial por el distrito, Felipe Velasco, dijo que «así como Jesús fue redentor del mundo, Gasset sería el redentor de la agricultura española» (Sánchez Illán, J.C.: Prensa y política en la España de la Restauración, 1999).

AGA: Biografías
Como es sabido, en relación con el Plan Gasset de 1902 y actualizaciones posteriores, fue enorme la distancia entre lo planeado y lo realizado, sobre todo debido a los exiguos presupuestos destinados a la construcción de obras hidráulicas. Habrá que esperar más de 50 años para lo que entonces se proyectase fuese llevado a cabo, pero las bases estuvieron firmemente asentadas.
Rafael Gasset fue un hombre de su tiempo: supo ver claramente las necesidades sociales de entonces y proponer los correspondientes remedios. Fue el político más unido con los técnicos y agricultores en perfecta comunión de ideas y proyectos. Tuvo en contra a don Antonio Maura, siendo célebre la polémica sobre la dedicación de los fondos públicos a «pantanos o acorazados»; ganó Maura apoyado por los industriales vascos. Gasset murió arruinado. Como ha sido frecuente en nuestro país, los políticos posteriores los olvidaron o ningunearon. El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1932, solo se refiere al Plan Gasset para hacer del mismo una crítica fácil y oportunista, utilizándolo para ensalzar lo nuevo desacreditando a lo anterior.
La provincia de Ciudad Real, en cuanto a obras hidráulicas y riegos, no tuvo el desarrollo de otros lugares beneficiadas con fuertes inversiones estatales en los años 50 y 60, como fue por ejemplo el Plan Badajoz. Habrá que esperar (espera con fuerte emigración de sus gentes) hasta el último tercio del siglo XX para que los regadíos experimentasen un nuevo impulso. Pero esta vez los términos de la iniciativa pública/privada estaban invertidos.
Entre los años 70 y 90, por medio de la captación de aguas del subsuelo –del célebre acuífero 23–, la iniciativa privada llevó a cabo la denominada revolución del regadío, transformando un total de cerca de 120 000 hectáreas, equivalentes al estatal Plan Badajoz.
Para ello se precisó de la conjunción de tres factores fundamentales: a) la disponibilidad de tecnología de perforación de sondeos profundos y el desarrollo de la turbina sumergible; b) la existencia de un mercado rentable para los productos de regadío (fundamentalmente maíz y alfalfa); c) la disponibilidad de créditos para llevar a cabo la transformación en condiciones asumibles por los agricultores. Este conjunto de factores puso en marcha el denominado motor económico de la región, movilizando la cadena económica y deteniendo la emigración.
Pero pronto se manifestaron los límites del desarrollo. El acuífero que se había manifestado como un «lago subterráneo inagotable», mostró su racionalidad (Hegel decía que lo racional es aquello que tiene medida y término). El termómetro del acuífero fueron Las Tablas de Daimiel, cuyo biotopo estaba conformado por las aportaciones del Gigüela, esporádicas y más salinas, y la salida o descarga del acuífero de la Llanura Manchega a través de los Ojos del Guadiana, con caudales más constantes y dulces. La conjunción de estas aportaciones, con su vegetación y fauna asociada, constituían un ecosistema singular y de gran valor. El punto más frágil del sistema hidrológico lo constituían las salidas de los Ojos. Al descender el nivel del acuífero, favorecido por una serie de años secos y los crecientes bombeos, los lagunazos de Las Tablas se quedaron descolgados del nivel freático. Al final del verano de 1986, dos tercios de la superficie del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (2000 ha) entró en ignición, siendo una situación singular que ardiese una zona húmeda.
El Patronato de Las Tablas de Daimiel, como lugar de encuentro de responsables de distintas administraciones públicas, agricultores, representantes locales y conservacionistas, se constituyó como un «laboratorio de ideas y propuestas». Entre las acciones y propuestas que entonces se formularon pueden recordarse:
- El trasvase de agua desde el Acueducto Tajo-Segura, con carácter experimental, de hasta 30 hectómetros cúbicos al año con destino a Las Tablas, operación que requirió de la aprobación de una ley ad hoc, así como de obras de acondicionamiento de los cauces para conducir el agua derivada del Acueducto a través de los cauces del arroyo Valdejudíos y del río Gigüela durante unos 140 km hasta Las Tablas, evitando sustracciones por el camino. Ello permitió meter al Parque Nacional en la UVI; la alternativa era enterrarlo (desclasificarlo, en lenguaje técnico). La anterior actuación permitía, subsecuentemente, un par acciones favorables: por una parte, efectuar una recarga natural del acuíferodurante el transporte del agua por los ríos que discurrían sobre el acuífero; b) mantener (artificializado) el espacio natural en espera de acciones de recuperación del ecosistema en un futuro, que no se veía próximo. Asimismo, se construyó la presa de Puente Navarro para el mantenimiento de los niveles de agua en la zona situada más aguas abajo dentro del Parque Nacional, siendo la primera presa de nuestro país construida con una finalidad exclusivamente ecológica.

- La declaración de sobreexplotación del acuífero. El balance hidráulico del mismo era el siguiente: Entradas (infiltración de las precipitaciones y pérdidas de los ríos) unos 300 hm3/año; bombeos del orden de 600 hm3/año; vaciado de reservas en épocas anteriores de unos 4000 hm3. El número de pozos/sondeos existentes se evaluaba en más de 15 000 de 100 a 200 m de profundidad (ahora, al parecer, se ha llegado a los 20 000, es decir, del orden de 4 pozos por km2). Los bordes del acuífero (con forma de sopera) estaban comenzando a agotarse, con abandono de buen número de perforaciones por secado y teniendo que profundizar otras. En esa tesitura se trataba, en primer lugar, que el problema fuese a más, limitando la construcción de nuevos pozos, que se limitarían a los de mera reposición. A la vez había que conjurar un peligro que rara vez se explicaba: más grave aun que la sobreexplotación del acuífero podría resultar el frenazo en seco de la economía regional. Se pensaba entonces –como ha sucedido– que el maíz y la alfalfa eran cultivos de oportunidad, previéndose que años más tarde sufrirían un frenazo por no resultar rentable su producción. En esas condiciones había que ganar un precioso tiempo desde el punto de vista socioeconómico. Visto ahora, diez años más tarde, resulta que se utilizaron los conceptos de sostenibilidad socioeconómica sin haberse aún formulado la idea.

- La constitución de comunidades de usuarios que, tras su concienciación, asumiesen el protagonismo de la gestión de recursos. Esto es lo que, a juicio del que suscribe, va más retrasado a pesar de los esfuerzos realizados. La razón del retraso podría estar en lo expuesto en «La tragedia de los (bienes) comunes» por Garret Hardin en el ya lejano año 1968.
- La elaboración de un Plan de reconversión de los regadíos como se ha expuesto a principio de los años 2000, de manera análoga a la que entonces se venía haciendo respecto al carbón. Esta idea fue desarrollada por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente dando lugar al Plan de ayudas a los humedales en 1992, financiado por la Unión Europea, como puente para ir reduciendo las extracciones de agua sin perjudicar gravemente la economía regional y, sobre todo, la de los agricultores, que habían pasado a ser solicitados para llevar a cabo unas benéficas transformaciones en regadío a ser acusados de provocar catástrofes ambientales. Posteriormente, en una reunión en el Ayuntamiento de Daimiel hacia 1996, se propuso la realización de un denominado Plan socioeconómico de desarrollo sostenible de la Cuenca Alta del Guadiana cuyo objetivo era, en síntesis, imaginar actividades económicas alternativas al regadío, de manera que se pudiera mantener –o incrementar– el nivel económico y la calidad de vida del sector dependiente de la agricultura mediante su pase a otras actividades, conectadas o no con el campo.
Situándonos ahora en 2002, se observan los siguientes rasgos de la situación hidrológica y socioeconómica de la región. Existe una auténtica obsesión sobre el control de extracciones (lo que indica que es deficiente), la instalación de contadores y el régimen sancionador de la policía de aguas (lo que señala que no ha sido efectivo hasta ahora). Es lo que con desparpajo se ha venido en denominar modelo de ángel de la guarda, pero en este caso consistiría en poner un guarda a cada regante. Se opta por un modelo de administración intervencionista, sin que las comunidades de usuarios tengan un protagonismo claro a través de funciones delegadas a su entera responsabilidad, aprovechando su carácter de corporaciones de derecho público. No se ha planteado, ni siquiera a nivel de un estudio previo sociológico, la privatización de los derechos de agua, con la creación de un mercado de derechos, similar –por ejemplo– al de las emisiones a la atmósfera; al valorizar de esa forma los derechos de extracción (transmisibles mediante compensación económica libremente acordada entre las partes), los recursos se podrían destinar a los usos más eficientes y se autorregularían las extracciones ilegales, por lo que vendrían a representar de pérdidas económicas reales para los usuarios legales.
Por otra parte, el plan de ayudas a los humedales, mediante el uso de subvenciones a la reducción de extracciones, ha cumplido un papel de puente, logrando reducir, grosso modo, las extracciones a la mitad, de 600 a 300 hm3/año, con lo que se equilibran entradas y salidas del acuífero; eso sí, queda aún el agujero de unos 4000 hm3, por lo que el equilibrio se ha conseguido con el agua en los tobillos. Faltaría un temporal de lluvias excepcionales mantenidas durante algunos años para rellenar el agujero.
No parece probable que el régimen de subvenciones pueda extenderse indefinidamente; tampoco parece recomendable, pues la distorsión que produce una actividad a la que se paga por no hacer puede llevar a corrupciones de diversa índole difícilmente evitables. Han venido en ayuda de la situación dos hechos que conviene señalar: a) el abandono de los cultivos altamente consumidores de agua, como el maíz y la alfalfa, por razones de no competitividad de sus producciones en el mercado nacional; b) el levantamiento de la prohibición del riego de la vid, lo que permite que con dotaciones reducidas de agua se asegura en cantidad y calidad la producción de vinos y alcoholes. No obstante, habría que tantear la introducción de cultivos alternativos poco consumidores de agua u otras producciones basadas en la calidad o en la diferenciación, como por ejemplo a través de manchas de invernaderos que superasen las adversas condiciones climatológicas de la región.
Por fin terminaremos estas notas refiriéndonos a lo legislado sobre el acuífero 23 en la reciente Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN-2001). Aquí, los regantes manchegos, olvidados en la edad de oro de los regadíos españoles, allá por los años 50 y 60, sometidos a severos controles restrictivos en los 90, vuelven a ocupar una posición singular. Mientras los riegos procedentes de acuíferos sobreexplotados de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia son auxiliados por el PHN-2001 mediante el Trasvase Ebro-Sureste, y los de Almería (y también en toda la costa mediterránea) pueden recurrir a las desaladoras, con ayudas a su construcción y subvenciones a la energía, los regadíos de la Mancha se consideran en isla; es decir, como propios de una región aislada hidráulicamente y sin posible rescate, y se propugna su anulación (desafectación, en lenguaje técnico). Incluso se les ha puesto precio: se considera que su valor en coste del m3 utilizado viene a ser de unas 15 pta/m3, es decir, para 300 hm3/año que habría que reducir, unos 4500 Mpta/año, que capitalizados arrojaría un montante total de unos 15 000 Mpta: esto sería lo que costaría «eliminar» el problema de los riegos manchegos. Pero por ese camino, aplicando el procedimiento a los riegos de Levante, se llegaría a la contradicción de que tendría más cuenta para los contribuyentes desafectar los riegos que invertir en el trasvase desde el Ebro. Repetimos, los regadíos manchegos son los únicos que no tienen encaje en el Plan Hidrológico Nacional de 2001.El propuesto trasvase Tajo-Llanura Manchega se circunscribe exclusivamente a los abastecimientos de población.
Aún más. La disposición adicional cuarta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que en el plazo de un año (que ya ha transcurrido) el Gobierno aprobará el Plan Espacial del Alto Guadiana con el objetivo de llevar a cabo una recuperación ambiental del acuífero. Por una parte, de un plan de desarrollo socioeconómico sostenible (con su carga de utopía y necesidad de imaginación) se pasa a un nuevo plan de reequilibrio hidráulico. Por otra parte, entendida la recuperación ambiental en el sentido que establece la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, es decir, recuperación del ecosistema de la zona húmeda de Las Tablas de Daimiel a su nivel primigenio, ello llevaría consigo rellenar el agujero de unos 4000 hm3 para que los freáticos vuelvan a ser soporte de los tablazos. ¿Cómo se puede conseguir? Podemos hacer una sencilla cuenta: si se dejase de extraer totalmente agua del acuífero 23 (300 hm3/año en 2002, reducción a la mitad de lo extraído hace menos de una década) se necesitarían más de 13 años para su recuperación y que los Ojos volvieran a manar como antes de los años 70. Pero, ¿podría soportar la economía regional ese dilatado periodo de moratoria total de riegos? ¿A qué se dedicarían los agricultores entre tanto? Pues bien, esto es lo legislado por la Unión Europea para los países miembros.
Terminaremos enlazando con el principio. Si Rafael Gasset conectó con la lógica de la situación de su tiempo, con las personas y sus problemas, la labor que ahora tiene la región por delante es identificar las posibles líneas de acción y su desarrollo. José Ortega y Gasset (sobrino, por cierto, de Rafael Gasset) decía que a las personas y a las ideas hay que ensayarlas. Ahí queda el reto.
Madrid, julio 2002.